Cuatro funcionarios del GOPE, hoy desvinculados, serán investigados por homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción a la investigación.
Abogada querellante pidió un apoyo más concreto del Estado de Chile, asegurando que lo ocurrido en Malta fue por «insuficiencia» y «falta de antecedentes».
El juez Sergio Moro sostuvo que la posibilidad de establecer una agenda anticorrupción y contra el crimen organizado lo llevó a aceptar el cargo.
Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, aseguró que «era compleja su condición de involucrada o imputada en investigaciones de carácter penal».
Pese a los antecedentes expuestos, el coronel (r) del Ejército y ex alcalde de Providencia, se mantendrá en libertad bajo fianza concedida en la causa.
Claudia Bendeck asumió el cargo directivo en abril del presente año, pero se vio enfrentada a diversos cuestionamientos por parte de funcionarios de la institución.
Sujeto decidió trasladarse desde Vicuña hacia Los Andes para ocultarse en el domicilio de un familiar, sin embargo, fue detenido en la vía pública.
9º Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad del Estado por la falta de fiscalización a la empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento.
Al respecto, el fiscal nacional señaló que «es política de este fiscal recibir a las autoridades y al público que pide audiencia».
El parlamentario señaló que «es imprescindible que el INDH continúe haciéndose parte de todos los procesos por el que pasa el Servicio y que aclare responsabilidades».
Amado Boudou fue condenado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó la medida adoptada por la Corte Suprema, diciendo que «si el juez considera que corresponde, ¿por qué cuestionar su decisión?”.
Ex funcionario de la PDI, Nelson Jofre, señaló a Arturo Herrera, director de la institución entre 2003 y 2009, de obstrucción en la investigación judicial.
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s dos empresarios cuentan con el beneficio de poder sustituir su pena de cárcel por libertad vigilada. Para ello, deberán -entre otras condiciones- asistir a clases de ética empresarial.