En audiencia de formalización de la investigación, el juez Rodrigo Cortés Gutiérrez acogió, además, la solicitud del Ministerio Público de reformular los cargo que enfrentan tres de los cuatro imputados.
La investigación apuntaría a dos empresas que tienen la concesión de dichos servicios al interior del recinto.
La medida busca mantener la seguridad en el recinto viñamarino.
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2005 y 2018.
La Contraloría iniciará juicios de cuentas que le permitan al Estado recuperar poco más de $44 millones.
El líder del Ministerio Público aseguró además que solicitarán más antecedentes a los jesuitas.
Desde la parte querellante anunciaron que se presentará un recurso de reposición.
El guardia quedó con firma mensual y arraigo nacional mientras dure la investigación.
Contraloría ordenó a Mendoza reintegrar los dineros a la municipalidad, sin embargo, éste se negó.
Según los datos preliminares, la falla se habría registrado en la línea de transmisión 2×220 KV Quillota – Polpaico.
La defensa, en tanto, solicitó realizar pruebas psiquiátricas al imputado.
La autoridad respondió a las críticas que se han generado en su contra, mientras la UDI no descarta instaurar una acusación constitucional.
El imputado, que fue dado de baja por la institución, declaró que el arma se disparó por accidente.
El detenido se bajaba de un auto, amenazaba o golpeaba a sus víctimas y les robaba.