“Que, sin perjuicio del derecho a la crítica que tiene toda persona, dicha acción no puede implicar insultos que puedan menoscabar a otro”, señala el escrito.
“El derecho a la libertad de conciencia previsto en el artículo 19 N° 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto a las creencias religiosas, se encuentra limitada, en este caso, por los derechos fundamentales de los demás y por el derecho a la vida del niño”, se lee en el fallo.
El fallo subraya que “los derechos sanitarios colectivos deben privilegiarse por sobre el interés individual de los actores”, a juicio de la instancia, entonces las condiciones asociadas al pase de movilidad “no resultan desproporcionadas ni poco razonables”.
Ello, luego de que la Fiscalía Centro Norte apeló a la determinación de la jueza Carolina Guajardo.
Junto con esto, deberá pagar una multa de 50 UTM (cercana a los 2,6 millones de pesos) por infracción a la Ley sobre Protección de Derechos del Consumidor.
El exfuncionario quedó con firma quincenal, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la unidad policial ni a la víctima para no entorpecer la investigación.
Se deberá realizar una nueva audiencia en donde la defensa de Escobar y la fiscalía podrán argumentar lo necesario o no de este nuevo examen.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago, determinó revocar la prisión preventiva de Héctor Espinosa, exdirector general de la PDI. Espinosa se encontraba desde el pasado 15 de octubre en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos como persona natural. […]
Cuando la mujer solicitó el segundo retiro, la AFP solo le entregó $1.500.
El candidato presidencial, pese a que lo ha negado, mantendría una deuda de 207 millones de pesos en pensión alimenticia y una orden de arraigo vigente.
El tribunal de alzada ordenó revocar la resolución e inhabilitar a la jueza.
En el reportaje de Chilevisión, se sostiene que varios concejales aseguraron que este no es un caso aislado, detallando que ya han interpelado al edil por presuntos acosos laborales a otros trabajadores y trabajadoras municipales.
El pleno del tribunal de alzada no aceptó la solicitud de desafuero del Ministerio Público, por considerarla “improcedente”.
Para el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, el proyecto derivaría en consecuencias negativas multidimensionales, demostrando la fragilidad de la normativa medioambiental del país.