Jorge Contreras valoró el respaldo del municipio, pero cuestionó duramente el trabajo de la Fiscalía y la PDI, apuntando a posibles responsabilidades de terceros.
El tribunal confirmó que el municipio actuó dentro de sus atribuciones legales al iniciar el procedimiento de invalidación de certificados vinculados al proyecto Unimarc.
García Muñoz destacó la relevancia de integrarse a una Corte clave para el trabajo jurisdiccional en Chile.
El ministro de Vivienda se refirió a la orden de demolición pendiente en el predio de la familia Correa Uribe
El tribunal criticó duramente al establecimiento por no investigar el bullying y aplicar una sanción desproporcionada.
El tribunal fundamentó que las obras del MOP no requieren ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que su intervención es necesaria para evitar una catástrofe.
La secretaria titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, quien ejercía de igual forma como jueza de garantía suplente, en tribunales de la región, se le formularon cargos por transgresión gravísima de sus deberes.
La orden judicial removerá a un total de 29 familias del sitio.
Luis Miguel Carrasco se encuentra condenado desde el año 2000 a cadena perpetua por violación y homicidio de la estudiante porteña Viviana Montenegro, de 17 años.
Hace cuatro meses, el citado tribunal entregó una resolución que ordena al municipio de la Ciudad Puerto de abastecer de agua para uso y consumo humano en una cantidad no inferior a 100 litros diarios por persona.
En total, fueron 469 los reclusos de la Región de Valparaíso que postularon al beneficio durante el segundo semestre.
La acción legal tiene como fin de resguardar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que presenciaron la actuación de las Indetectables.
El recurso fue encabezado por la diputada por Ana María Gazmuri (Acción Humanista) e impulsado por las parlamentarias independientes – frenteamplistas Clara Sagardía, Marcela Riquelme y Lorena Fries junto con la diputada Marisela Santibáñez (Partido Comunista).
El único de los condenados que no apeló fue Víctor Gutiérrez Londoño, quien se encuentra condenado a 28 años de presidio por ser el autor material del crimen.