La secretaria titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, quien ejercía de igual forma como jueza de garantía suplente, en tribunales de la región, se le formularon cargos por transgresión gravísima de sus deberes.

La orden judicial removerá a un total de 29 familias del sitio.

Luis Miguel Carrasco se encuentra condenado desde el año 2000 a cadena perpetua por violación y homicidio de la estudiante porteña Viviana Montenegro, de 17 años.

Hace cuatro meses, el citado tribunal entregó una resolución que ordena al municipio de la Ciudad Puerto de abastecer de agua para uso y consumo humano en una cantidad no inferior a 100 litros diarios por persona.

En total, fueron 469 los reclusos de la Región de Valparaíso que postularon al beneficio durante el segundo semestre.

La acción legal tiene como fin de resguardar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que presenciaron la actuación de las Indetectables.

El recurso fue encabezado por la diputada por Ana María Gazmuri (Acción Humanista) e impulsado por las parlamentarias independientes – frenteamplistas Clara Sagardía, Marcela Riquelme y Lorena Fries junto con la diputada Marisela Santibáñez (Partido Comunista).

El único de los condenados que no apeló fue Víctor Gutiérrez Londoño, quien se encuentra condenado a 28 años de presidio por ser el autor material del crimen.

El documento presentado por el parlamentario, cuenta con el apoyo de 12.500 personas, que firmaron de forma digital.

Por cuatro votos contra uno, se dictaminó que López abandonará la prisión preventiva que cumplía en un penal de Casablanca desde el 28 de mayo pasado.

De esta forma, el conocido cineasta permanecerá en prisión.

Paula Vial, abogada de López, aseguró que la prisión preventiva de su cliente por dos delitos de abuso sexual fue ilegal.

Para ser aprobada la solicitud, el reo deberá haber contar con una conducta intachable en el cumplimiento de la condena, además de presentar un informe psicosocial de gendarmería.

Para el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, el proyecto derivaría en consecuencias negativas multidimensionales, demostrando la fragilidad de la normativa medioambiental del país.