El tribunal calificó los hechos como corrupción “institucional y sistémica”, con ganancias ilícitas que superarían los $6.300 millones.
La causa involucra a funcionarios de Gendarmería, civiles y bandas que operaban dentro de cárceles, con miles de llamadas interceptadas y transacciones bajo análisis.
La Fiscalía apunta a funcionarios de Gendarmería y civiles acusados de facilitar el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles.
Los 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles pasarán a control de detención y formalización en el 12° Juzgado de Garantía.
Exfuncionaria reveló que, mientras más dinero manejen los presos, más beneficios pueden obtener dentro del penal.