Los denunciantes apuntaron a 15 hechos o cargos en los cuales se transgrede al principio de probidad.
Todo ocurrió días atrás en medio del concejo municipal donde se revisaba el caso de la muerte de la profesora Katherine Yoma.
Allanamiento en su vivienda encontró importante suma de dinero en uno de sus veladores.
El hecho es catalogado hasta ahora como una bala perdida.
El tribunal consideró que existen suficientes antecedentes para presumir la participación del jefe comunal en los hechos investigados, por lo que la “prisión preventiva es la única cautelar que satisface los fines del procedimiento”.
Horas antes el edil publicó un texto en el cual renunciaba al cargo.
Los miembros del concejo explicaron que la decisión se tomó en consideración a “los graves hechos ocurridos en el municipio que tienen que ver con la sustracción de 1.000 millones de pesos, y además con otras faltas a la probidad administrativa
La presentación fue realizada por cinco concejales de la comuna.
“No tenemos otra pretensión que se cumpla el fallo ratificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Si eso implica que se arreste al alcalde, es parte de las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones judiciales”, afirmó el abogado querellante.
El edil pidió más trabajo de inteligencia para combatir a estas bandas criminales.
El deceso fue confirmado por el municipio, quien envió sus condolencias a la familia.
Cuatro de los siete cargos fueron acreditado por el TER.
Esta medida tuvo como objetivo ser escuchados ante la falta de dotación policial que está viviendo la comuna.
El edil no cumplirá su condena en la cárcel.