Tras un año de la entrada en vigencia de la normativa, 65 hospitales públicos de Chile registraron un total de 535 interrupciones voluntarias de embarazo.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia
El Mandatartio alcanzó 37% de aprobación, mientras que 21% no aprueba ni desaprueba
Intención de los legisladores de Chile Vamos es que el Tribunal Constitucional declare como inconstitucional la normativa de objeción de conciencia de la Ley de Aborto en tres causales.
Además, el Pontífice cuestionó que «¿cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano, un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio?».
El ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó que el órgano contralor pidió «precisar unas fechas y unas constataciones de registro de médicos objetores».
Auditoría del Servicio de Salud determinó que desacuerdos entre médicos objetores y no objetores generaron una demora en tratamiento de la paciente y complicaron su atención.
Iniciativa planteaba despenalizar el aborto y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres hasta la semana 14 de gestación.
El Senado de Argentina comenzó a debatir el miércoles un proyecto de ley para legalizar el aborto, que ya recibió media sanción por parte de Diputados, en medio de manifestaciones a favor y en contra en las afueras del Congreso.
Organismo aseguró que «todas las personas, mujeres y hombres sin distinción, tienen derecho a la libertad de manifestarse y expresarse pacíficamente».
La ex presidenta Bachelet condenó los ataques sufridos y les hizo un llamado a las mujeres «a no bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales».
Las ministras Isabel Plá (Mujer) y Cecilia Pérez (vocera) condenaron lo ocurrido este miércoles 25 en la capital y aseguraron que «nada justifica la violencia ni la agresión».
Tras una maratónica sesión, y en una votación muy reñida, la Cámara dio su aprobación al proyecto de despenalización del aborto seguro y gratuito. Proyecto pasa al Senado.
En el documento presentado, las parlamentarias señalan que el ministro «vulneró el principio de juridicidad al invadir la potestad reglamentaria del Presidente de la República».