El fallo del tribunal de alzada valdiviano concluye que «se acoge sin costas» el recurso de protección interpuesto por la teniente segundo Natalia Chacón, «dejándose sin efecto la resolución de la Armada».
El fiscal Palma informó que junto a su equipo analizará los antecedentes recibidos para determinar si ordenará el cese o la permanencia parcial del secreto de la investigación.
El magistrado Marcial Taborga ordenó el ingreso del hombre a la cárcel de Rancagua, por considerar que su libertad «constituye un peligro para la seguridad de la sociedad».
Dado que los niveles de toxicidad registrados sobrepasan la norma, el Ministerio de Salud determinó la prohibición de la extracción de mariscos en las zonas afectadas.
Olga Navarro sostuvo que como madre y defensora de los niños «no espero que salga libre», asegurando que debe pagar por llevarse a Emmelyn Canales.
Pese a que el sacerdote Sebastián Go indicó que «no sé mucho sobre el tema», se abrió a la posibilidad que el obispo de Osorno sea una víctima más de los abusos sexuales de Fernando Karadima.
Olga Navarro aseguró que la niña sufría en su hogar con sus abuelos, lo que incluso motivó un golpe de su hermano al abuelo de Emmelyn, quien «le iba a pegar con un chuzo».
El seremi de Gobierno de la región del Maule, Marco Villagra, analizó la opción que sea el Sename quien asuma la custodia de la menor que habría sido secuestrada en Licantén.
Olga Labbé, madre del sujeto detenido por presuntamente secuestrar a la menor en Licantén, aseguró que la menor tiene muchos problemas con sus abuelos.
Cristián Canales aseguró que «aquí hay algo raro y ojalá que sea todo bien transparente. Los que tengan que pagar, que paguen”.
La Policía de Investigaciones entregó algunos detalles de lo que fue la declaración de José Navarro, tras ser detenido junto a la menor.
El abogado de la defensoría penal mapuche, Juan Pablo Alday, expuso que «queda patente los teléfonos estuvieron conectados a internet una vez incautados por funcionarios de Carabineros».
Medida se suma a las determinadas en las resoluciones del 31 de enero y 3 de febrero pasados, que decretaron el cierre de los sectores de Asasao, Quilanlar, Inío e Isla Redonda, entre otros.
Cifra solicitada por la mujer brutalmente agredida en mayo de 2016 se debe «a la magnitud del daño físico sufrido y el grave daño emocional que experimenta».