Corte de Apelaciones deja sin efecto ordenanza de comercio ambulante en Valparaíso
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un reclamo de ilegalidad y dejó sin efecto la Ordenanza N.º 45 sobre comercio en bienes nacionales de uso público, aprobada en mayo de 2025.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un reclamo de ilegalidad interpuesto por el abogado Rodrigo Díaz Yubero, en representación propia y de locatarios del comercio formal y juntas vecinales, dejando sin efecto la Ordenanza N.º 45 sobre comercio en bienes nacionales de uso público y recintos municipales.
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La resolución judicial anuló el cuerpo normativo sancionado por el Concejo Municipal en mayo de 2025 tras constatar que la normativa comunal vulneró de manera flagrante las disposiciones de la Ley N.º 21.426 contra el comercio ilegal.
El dictamen emitido este 27 de octubre en el marco de la causa Rol Contencioso-Administrativo N.º 101-2025 instruyó a la administración edilicia iniciar de inmediato los procedimientos para dictar un nuevo marco regulatorio que se apegue a la legislación nacional.
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Vicios de legalidad y omisión de consulta en seguridad
Entre los fundamentos jurídicos medulares del fallo, el tribunal de alzada resolvió que la entidad edilicia no poseía facultades legales para traspasar la potestad de delimitar las zonas autorizadas al Departamento de Desarrollo Económico Local. Asimismo, el tribunal de alzada remarcó que el mandato legal impone a los cuerpos colegiados municipales la obligación ineludible de definir directamente los perímetros autorizados en el texto de la ordenanza, prohibiendo de forma taxativa la delegación de dicha facultad técnica en instancias administrativas secundarias.
Asimismo, la sentencia constató que el proyecto no fue sometido a la revisión técnica preceptiva del Consejo Comunal de Seguridad Pública, omisión procedimental que vulneró el estándar de convivencia ciudadana y orden público preventivo.
Efectos prácticos del dictamen en el espacio urbano
La determinación judicial no dispone medidas de desalojo inmediato sobre los comerciantes ambulantes que operan en las arterias céntricas ni extingue de forma automática los permisos otorgados con anterioridad. Su efecto vinculante invalida la vigencia del marco normativo impugnado, obligando al municipio a diseñar una regulación integral que garantice el libre tránsito de peatones y asegure condiciones de competencia leal con el comercio establecido.
El municipio deberá remitir el nuevo borrador reglamentario a los comités de seguridad y al pleno del Concejo para subsanar los reproches procesales consignados por el tribunal de alzada.