La investigación por cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos desarticuló una red que ingresaba drogas, armas y celulares al penal Santiago 1, ilícitos que generaron más de $6 mil millones y que incluyeron el allanamiento de su vivienda, donde fue aprehendida su cónyuge e incautado armamento.
La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron la detención de Álex Antonio Vega Torres, histórico dirigente de la disuelta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la “Operación Apocalipsis II”.
El procedimiento judicial responde a una indagatoria formal por los delitos de cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos, ligada a la internación ilícita sistemática de especies prohibidas al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Durante el registro a su inmueble particular, detectives incautaron armas de fuego y municiones, procediendo además al arresto de su cónyuge y de un tercer implicado vinculados a los nexos financieros de la organización.
La estructura delictual articulaba a gendarmes en servicio activo con civiles e internos para ingresar drogas, teléfonos celulares, prendas de vestir y sumas de dinero a los módulos penitenciarios a cambio de transferencias económicas. Las pesquisas del Ministerio Público determinaron que esta red ilícita generó más de $6 mil millones en ganancias, acumulando a la fecha un contingente de 71 personas detenidas desde la primera fase del operativo desplegado en diciembre de 2025.
Las diligencias investigativas continúan vigentes para determinar el nivel jerárquico de cada miembro y rastrear el patrimonio acumulado por el grupo delictual.
Vega Torres se desempeñó como encargado del sector modular 19-20 de la Guardia Interna de Santiago 1 y encabezó la dirección de la Anfup, entidad que congregaba a cerca de seis mil socios. En su historial institucional figura una vinculación con la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales en enero de 2018, recluso que sufrió un traumatismo mortal contra un pilar durante un procedimiento de traslado en el cual participó el dirigente gremial.
El exfuncionario registraba además once procesos sumariales internos en la institución carcelaria y una condena previa en 2008 por apremios ilegítimos en contra de un reo de la cárcel de Colina II.
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