Proyecto de compensación por pañales y medicamentos avanza al Senado
La iniciativa busca entregar un reembolso mensual a determinados grupos de la población para ayudar a cubrir parte del costo de pañales y medicamentos.
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La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al proyecto que establece un mecanismo de compensación para quienes deben asumir gastos asociados a la compra de pañales y medicamentos.
La propuesta fue aprobada con 132 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, por lo que ahora deberá ser revisada por el Senado antes de continuar su tramitación legislativa.
¿En qué consiste el beneficio?
La iniciativa plantea entregar una devolución mensual asociada al IVA de las compras realizadas, con límites que deberán quedar definidos durante la implementación del sistema.
El apoyo para pañales y el destinado a medicamentos funcionarían de manera independiente, por lo que quienes cumplan con las condiciones podrían acceder a ambos.
Para acreditar los gastos será necesario presentar documentación que demuestre la compra. En el caso de los pañales, se contempla el uso de la boleta o comprobante de pago, mientras que para los medicamentos se deberá acreditar la existencia de una receta médica.
El Instituto de Previsión Social (IPS) tendría a su cargo la administración del beneficio y deberá coordinar la información necesaria con organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Una vez aprobada la solicitud, el pago tendría un plazo máximo de 30 días corridos.
¿Quiénes podrían recibirlo?
El proyecto considera como potenciales beneficiarios a personas que pertenezcan al 80% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares, además de cumplir las condiciones específicas establecidas para cada caso.
Entre los grupos contemplados se encuentran:
Padres, madres, representantes legales o personas responsables de niños y niñas de hasta 24 meses, para la compra de pañales.
Personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos de salud establecidos.
Personas con discapacidad mayores de 24 y menores de 65 años, que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y cumplan las condiciones correspondientes.
El proyecto contempla un costo fiscal cercano a los US$100 millones. Sin embargo, todavía no constituye un beneficio vigente, ya que debe continuar su discusión en el Senado y completar el proceso legislativo.
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