Organizaciones sociales entregaron un petitorio al Congreso para garantizar insumos y personal en la red pública, alertando por los efectos del ajuste fiscal aplicado este año en Salud.
Organizaciones feministas y gremios sanitarios se movilizaron en la Región Metropolitana para exigir que la discusión del presupuesto de la nación asegure los fondos para aborto tres causales de cara al próximo año. La manifestación central, un “pañuelazo” realizado cerca de la estación Baquedano, buscó presionar al Parlamento ante la entrega del proyecto presupuestario que el Ejecutivo debe ingresar esta semana.
Agrupaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que la ley vigente desde 2017 —que permite la interrupción del embarazo por peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación— requiere un respaldo financiero permanente para operar sin trabas en los recintos estatales.
A través de una misiva dirigida a la Cámara de Diputados y al Senado, 35 colectividades recalcaron la necesidad de resguardar el abastecimiento de fármacos y la contratación de personal especializado.
Desde las organizaciones enfatizaron en su documento que “un aborto legal y seguro, y una maternidad libremente elegida, requieren de hospitales abiertos, atención primaria con capacidad de respuesta, insumos garantizados y equipos de salud disponibles”.
La vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, remarcó el amplio respaldo ciudadano a la normativa actual.
“El aborto tres causales tiene más del 70 % de apoyo en Chile, el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan”, subrayó Siomara Molina.
La inquietud de los sectores sociales se intensificó tras las cifras entregadas por el propio gobierno respecto al gasto sanitario.
El ajuste del 2,5% aplicado previamente a las arcas del Ministerio de Salud impactó la cobertura de Fonasa. La propia titular de la cartera, May Chomalí, detalló a comienzos de mes en el Congreso que se necesitarán cerca de 3.200 billones de pesos suplementarios para solventar los requerimientos operativos del periodo.
Frente a este escenario, los trabajadores de la red hospitalaria salieron a defender la asignación de recursos públicos.
Representantes de la Confedeprus sostuvieron que la interrupción del embarazo debe abordarse como una prestación sanitaria prioritaria. “El aborto es un asunto de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas”, manifestaron desde la dirigencia gremial.
La propuesta considera pasar de $3.634 millones en 2026 a $514 millones para el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
La cifra, está orientada a cubrir amortizaciones, intereses e ingresos generales, supera el plan original de colocaciones fijado para ejercicios previos y se da en...
El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla recursos para el programa de Becas TIC de Junaeb, por lo que municipios analizan alternativas para mantener el...
El gobernador regional manifestó su preocupación por la reducción de recursos contemplada para 2027 y advirtió que el recorte podría impactar proyectos e inversiones en...
