La Contraloría Regional del Biobío emitió el Informe Final N°180 de 2026 sobre el Programa Proempleo a cargo de la Delegación Presidencial Regional, detectando que 1.044 inscritos no cumplían los requisitos por percibir rentas externas o pensiones sobre el límite.
La Contraloría Regional del Biobío reveló severas deficiencias operacionales y contables en la administración del Programa Inversión en la Comunidad (Proempleo), iniciativa gestionada por la Delegación Presidencial Regional.
A través del Informe Final N°180 de 2026, el ente de control otorgó un plazo de 15 días hábiles a la repartición pública para incoar un sumario administrativo que determine las eventuales responsabilidades de los funcionarios a cargo.
Dada la gravedad de los hallazgos en materia de asignación y rendición de recursos, la entidad contralora confirmó la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para indagar posibles delitos de índole penal.
La fiscalización acreditó que 1.044 beneficiarios no cumplían las exigencias normativas para ingresar a los cupos laborales, debido a que percibían remuneraciones paralelas de otras entidades, mantenían multiplicidad de empleadores o superaban los topes máximos en pensiones asistenciales. Asimismo, se constató una total falta de manuales formalizados para resolver vacantes, escenario en el que 343 inscritos mantenían vínculos con dirigentes sindicales que postulaban personal sin atribución jurídica, sumándose otros 116 cupos copados por lazos familiares con entidades privadas ejecutoras y la coordinación regional.
El dictamen constató además que 813 personas operaban en recintos educacionales regulados por la ley N°19.464 sin acreditar idoneidad psicológica para el trato con escolares, debiendo la autoridad regularizar su permanencia o implementar filtros de idoneidad.
El análisis en terreno evidenció fallas críticas de inspección tras constatar que 15 centros de trabajo estaban cerrados, impidiendo confirmar la asistencia de 75 trabajadores, a los que se sumaron 33 operarios que no se encontraban en sus puestos sin justificación. De forma paralela, el organismo acreditó que 22 convenios con ejecutores privados fueron ejecutados pese a que sus resoluciones aprobatorias fueron representadas por el órgano de control durante la toma de razón, tramitándose al margen de la visación jurídica preventiva.
A estas anomalías se añade la autorización irregular de flexibilidad horaria para 1.692 personas y la permanencia de 9 usuarios en nóminas activas pese a registrar viajes al extranjero durante licencias médicas.
En el ámbito financiero, la auditoría expuso que la gestión de fondos dependía primordialmente de planillas de cálculo informales en desmedro del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, el cual carecía de documentos de respaldo. Entre los egresos no acreditados figuran $4,6 millones en asignaciones de movilización canceladas a usuarios mientras gozaban de reposo médico preventivo.
Finalmente, el informe cuestionó traspasos por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas gremiales y ahorros voluntarios derivados directamente hacia cuentas bancarias de personas naturales, contraviniendo el ordenamiento fiscal vigente.
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