El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme cuestionó la medida argumentando que el recinto austral carece de infraestructura para reos de alta peligrosidad, e instó a tramitar con celeridad la iniciativa legal del Gobierno que restituye a Gendarmería la facultad técnica exclusiva para definir las reubicaciones carcelarias.
Una controversia institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se originó tras la orden de traslado dictada en favor de Ronald Quiñones Quintero, ciudadano ecuatoriano imputado por delitos de homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio.
La disposición de los tribunales ordenó el traslado del recluso desde el penal de máxima seguridad de Rancagua hacia las dependencias del Complejo Penitenciario de Punta Arenas a solicitud formal de su defensa.
La determinación se adoptó pese a la existencia de informes técnicos de Gendarmería de Chile que advierten que el recinto austral no reúne las condiciones arquitectónicas ni de segmentación para albergar internos de alto compromiso delictual.
El diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, manifestó su rechazo a la resolución aludiendo a los riesgos para la seguridad penitenciaria y ciudadana: “Esta decisión judicial ha desatado una polémica totalmente fundada, porque pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos. Cuando la justicia hace oídos sordos a los informes técnicos de Gendarmería, debilita el orden y la segmentación que necesitamos, favoreciendo que las cárceles sigan siendo escuelas del delito”.
El legislador precisó que el imputado, presunto cabecilla de la organización criminal “Sicarios del Gran Concepción”, debió haber sido redestinado a la cárcel de alta seguridad de Talca, infraestructura que sí dispone de módulos adaptados para dicho perfil criminal.
Frente a este escenario, el parlamentario llamó al Congreso Nacional a dar curso ágil a la iniciativa del Ejecutivo que busca modificar la potestad de los magistrados sobre la reubicación de internos: “Es imperativo avanzar con total celeridad y aprobar el proyecto de ley del Gobierno que se hace cargo de este problema. No podemos permitir que los traslados de delincuentes queden bajo el arbitrio de los jueces; estas decisiones se deben tomar bajo criterios estrictamente técnicos de Gendarmería”.
La moción gubernamental busca centralizar las definiciones sobre traslados de reclusos de peligrosidad exclusivamente en las evaluaciones de la institución penitenciaria para fortalecer el régimen de control en los penales.
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