Contraloría detecta 485 funcionarios suspendidos que siguieron recibiendo su sueldo completo

Un total de 485 funcionarios suspendidos continuaron recibiendo sus remuneraciones completas mientras permanecían apartados de sus funciones por procesos administrativos, según un informe elaborado por la Contraloría General de la República que revisó el periodo comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2026.

El organismo puso el foco en la extensión de estos procedimientos y detectó 30 casos en que la suspensión preventiva se prolongó por más de tres años.

El catastro de Contraloría estableció que en 13 casos la suspensión superó los cuatro años.

Entre las situaciones detectadas aparecen funcionarios de Mejor Niñez y de distintos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), donde se concentraron algunas de las mayores demoras.

Uno de los casos corresponde a una suspensión preventiva de cuatro años y siete meses en Mejor Niñez. En el SLEP Santiago Centro, otro funcionario permaneció suspendido durante cuatro años y seis meses.

La duración de estos procedimientos también tuvo consecuencias económicas para el Estado.

De acuerdo con el análisis, los 10 casos que acumularon los periodos de suspensión más prolongados significaron un gasto estimado de $671.426.189 en remuneraciones pagadas durante el tiempo en que los funcionarios no ejercieron sus labores.

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El informe también detectó otras situaciones que deberán ser revisadas por los organismos involucrados.

Según los antecedentes obtenidos desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), 22 funcionarios habrían realizado actividades remuneradas mientras se encontraban suspendidos.

A estos casos se suman 25 funcionarios que figuran en registros de viajes al extranjero o asistencia a casinos durante periodos en que utilizaban licencias médicas.

Contraloría fija plazos para revisar los casos

Tras los hallazgos, la Contraloría estableció un plazo de cinco días hábiles para que los organismos respectivos entreguen los 30 sumarios que llevan más de tres años de tramitación.

Además, las instituciones tendrán 15 días para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Las medidas apuntan a revisar la extensión de los procesos y las situaciones detectadas durante el análisis realizado por el organismo fiscalizador.