Tribunal de alzada acoge amparo y restringe revisión de dispositivos incautados a senadora Camila Flores

El tribunal ordenó excluir datos previos a su periodo parlamentario y exigir al Ministerio Público la eliminación de archivos ajenos a las pesquisas por fraude al fisco.

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Un marco regulatorio estricto impuso la justicia a las diligencias del Ministerio Público. La Segunda Sala del tribunal de alzada emitió este martes un contundente fallo sobre la senadora Camila Flores, mediante el cual acogió en forma unánime un amparo que ordena limitar el vaciado de los teléfonos y equipos tecnológicos incautados a la diputada de Renovación Nacional.

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Criterios de búsqueda y borrado de información

El pronunciamiento firmado por las ministras Nancy Bluck y Carolina Figueroa, junto al abogado integrante Felipe Caballero, busca resguardar la privacidad de antecedentes no vinculados a las pesquisas por presunto fraude al fisco.

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Con este mandato, la fiscalía a cargo de las indagatorias deberá transparentar ante el juez de garantía los nombres exactos del personal con acceso a las copias digitales, además de exponer formalmente las palabras clave o descriptores que usará en los rastreos.

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A su vez, los persecutores tienen prohibido revisar archivos anteriores al debut parlamentario de la legisladora y deberán destruir cualquier registro privado rescatado que carezca de valor para el expediente penal.

Custodia sellada en la Fiscalía Regional

La resolución de la magistratura fijó además medidas especiales para proteger la cadena de custodia de la evidencia digital retenida.

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De esta forma, los discos y teléfonos requisados tendrán que permanecer almacenados de manera exclusiva en la sede de la Fiscalía Regional, reportando al juzgado de garantía la nómina final de investigadores habilitados para manipular el material.

El Ministerio Público deberá remitir un informe detallado con los protocolos utilizados para destruir la información sobrante y certificar a las personas encargadas de ejecutar dicha tarea.

Tras esta determinación, el organismo persecor deberá readecuar su plan de trabajo técnico y remitir los informes de control al tribunal de garantía antes de retomar la revisión de los archivos digitales de la parlamentaria.

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