Este lunes, el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago hizo públicos los pormenores de su sentencia, contenida en 308 tomos, que condena a diecisiete personas por su participación en un sofisticado fraude de licencias médicas.
La resolución judicial establece penas de presidio efectivo para la mayoría de los acusados, quienes operaron una red dedicada a la emisión de documentos falsos.
La investigación, liderada por la “Fiscalía Metropolitana Oriente”, logró establecer que los profesionales extranjeros implicados en la trama crearon diversos “centros médicos” que funcionaban como fachadas. El objetivo principal de estas entidades era la emisión masiva de licencias médicas fraudulentas, las cuales eran posteriormente comercializadas a usuarios del sistema de salud.
Entre los años 2020 y diciembre de 2022, la red extendió más de 50 mil licencias médicas falsas destinadas a usuarios de “Fonasa”, generando un daño económico que excedió los 25 mil millones de pesos. Adicionalmente, se detectó la emisión de cerca de 10 mil licencias fraudulentas dirigidas a usuarios de “Isapres”. Los condenados, en su mayoría, operaban bajo la estructura denominada “Mititem”, en alusión a la empresa del facultativo “Samir Enrique Rivaldo Hernández”, conocida como “Doctor Mitite”.
Penas y Condenas Específicas
“Samir Enrique Rivaldo Hernández” fue sentenciado a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, junto con una multa de 2.566 millones de pesos, por el delito reiterado de fraude de subvenciones. Asimismo, recibió una condena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo por el delito reiterado de emisión, obtención y tramitación de licencias médicas falsas, y tres años de presidio menor en su grado medio por asociación ilícita.
Por su parte, “Yessica María Donado Alvis” fue condenada a más de quince años de cárcel y una multa de 1.573 millones de pesos. Otros condenados que deberán cumplir penas de presidio efectivo incluyen a “Lizney Loret de la Hoz Orozco”, “Álvaro Enrique Ñeco Cervantes”, “José Joaquín Ñeco Cervantes”, “Rodrigo Andrés Campos Cuello”, “Ana Beatriz Toncel Peña”, “Karen Cecilia Mejía Cantillo”, “Obed José Urrea Pérez”, “Yainer Alberto Olivero Álvarez” y “Jorge Antonio González Guerrero”.
La sentencia autorizó a todos los condenados a efectuar el pago de las multas impuestas en doce cuotas. Además, se dispuso que los días que los sentenciados permanecieron en prisión preventiva serán abonados a sus respectivas condenas. Para algunos de los implicados, se fijaron penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva.
Jueza Inhabilitada
El proceso judicial enfrentó un incidente previo a su cierre, cuando la magistrada “Alejandra García” decidió inhabilitarse voluntariamente. Esta decisión se produjo al conocerse que la jueza forma parte de un grupo de 56 magistrados que arriesgan su expulsión del “Poder Judicial” por haber viajado al extranjero haciendo uso de permisos de salud.
Tras este suceso, el juicio continuó bajo la dirección de los jueces “José Pérez” y “Grace Díaz”.
El juicio, que según los antecedentes disponibles comenzó el 15 de julio de 2025, también acogió la demanda civil presentada por el “Consejo de Defensa del Estado”. En consecuencia, los condenados deberán responder solidariamente por un monto cercano a los 26 mil millones de pesos, destinado a resarcir el daño fiscal provocado por el megafraude.
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