El instrumento, de carácter estrictamente precautorio y sin condicionalidades, complementa las reservas internacionales del Banco Central —que superan los US$ 53.500 millones— frente a riesgos externos derivados de tensiones geopolíticas e incertidumbre global.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la renovación por dos años de la Línea de Crédito Flexible (LCF) para Chile, por un monto equivalente a 8.721,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), cifra cercana a los US$ 11.800 millones.
La asignación representa el 500% de la cuota del país ante el organismo multilateral y reemplaza el acuerdo previo, manteniendo un esquema de acceso gradualmente decreciente sustentado en la solidez de las reservas propias.
Desde la entidad internacional precisaron que las autoridades chilenas mantendrán la línea en calidad de resguardo precautorio, sin haber recurrido a giros efectivos de estos fondos desde la primera suscripción del mecanismo en 2020.
El subdirector gerente del FMI, Kenji Okamura, destacó que el marco macroeconómico de Chile respalda la capacidad de absorción ante perturbaciones globales: “El marco de políticas incluye una meta de inflación creíble con tipo de cambio flexible, una ancla de deuda, regla de balance fiscal estructural y una regulación efectiva del sector financiero”.
No obstante, el representante del fondo advirtió sobre factores de volatilidad externa, tales como las hostilidades en Medio Oriente y el impacto en los precios del petróleo, tensiones en el comercio internacional y eventuales reajustes en mercados tecnológicos globales.
Tras el pronunciamiento del organismo, el Banco Central de Chile confirmó que la LCF no contempla condicionalidades de política económica y actúa como un fondo complementario a las reservas internacionales del país, situadas en US$ 53.523,7 millones.
El instituto emisor explicó que la reducción gradual del cupo crediticio se alinea con el plan de acumulación de reservas propias, programa que ha integrado a la fecha US$ 5.805 millones a los activos institucionales para fortalecer la estabilidad financiera.
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