El Juzgado de Garantía de Antofagasta determinó la medida cautelar de prisión preventiva para Rubén Rojo Maturana, exdirector del “Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería” (Cicitem). La decisión, adoptada por la magistrada Marisol Melgarejo, se fundamentó en el peligro que representa para la seguridad de la sociedad y el riesgo de fuga.
La Fiscalía “Sistema de Análisis Criminal” (SAC) de Antofagasta lo imputó en calidad de autor de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y administración desleal.
La detención de Rojo Maturana se produjo el jueves, ejecutada por la “Policía de Investigaciones” (PDI), luego de que no se presentara a la audiencia de formalización programada 24 horas antes. Su ausencia motivó la emisión de una orden de captura en su contra, lo que llevó a su traslado al tribunal en calidad de detenido para enfrentar los cargos.
Millonaria sustracción de fondos fiscales
Según los antecedentes expuestos por el “Ministerio Público” ante el tribunal, entre los años 2022 y 2025, el imputado habría realizado más de 300 operaciones para transferir fondos desde las cuentas institucionales de Cicitem a sus cuentas personales, sumando un monto que asciende a, al menos, $729 millones. Estos recursos, bajo su responsabilidad de administración y disposición, correspondían a fondos fiscales que Cicitem había recibido principalmente a través de convenios suscritos con el “Gobierno Regional de Antofagasta” y la “Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo” (ANID).
Una parte significativa de estas transferencias, específicamente más de 105 operaciones durante el periodo investigado, se efectuaron por montos que oscilaban entre los $3 millones y $6 millones.
Uso de tarjetas corporativas y crédito bancario
Adicionalmente, la Fiscalía de Antofagasta imputó a Rojo Maturana el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a Cicitem para fines particulares, principalmente en casinos de juegos. Otro cargo relevante es la contratación de un crédito bancario por $180 millones a nombre de la corporación. Esta operación, de acuerdo con los antecedentes presentados, habría tenido como propósito intentar cubrir una porción de los fondos previamente sustraídos.
El ente persecutor precisó que dicho crédito fue posteriormente prorrogado y reestructurado, generando nuevas obligaciones financieras para Cicitem y provocando un perjuicio patrimonial significativo para la entidad.
La magistrada Marisol Melgarejo fijó un plazo de 90 días para la investigación de este caso, periodo durante el cual se espera recabar más pruebas y esclarecer completamente los hechos imputados.
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