Las familias golpeadas por el extenso temporal de julio comenzarán a ver los primeros montos de la compensación por cortes de luz en la Región de Valparaíso durante las próximas semanas. Según confirmaron desde Chilquinta , los abonos por interrupción del servicio se reflejarán en las cuentas del mes de septiembre, en un proceso bajo la mirada estricta de la SEC.
La magnitud del sistema frontal dejó una cifra crítica: más de 271 mil clientes quedaron sin suministro en la zona.
En sectores cordilleranos y costeros la interrupción se prologó hasta por siete días seguidos. Frente a esto, el Ministerio de Energía instruyó acciones a los fiscalizadores, derivando en compromisos económicos tanto de CGE como de Chilquinta S.A.
Esta última compañía asumió el impacto más alto, concentrando más del 70% de los usuarios afectados en el territorio regional.
Para responder a los vecinos, la gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de la firma, Paulina Guzmán, confirmó que las cuentas de septiembre incluirán el descuento legal obligatorio. A ello se suma un ítem por daños materiales.
“Mantenemos una compensación que va desde los $40 mil pesos para quienes hicieron el reclamo formal por los extensos cortes y por pérdidas de víveres”, señaló la ejecutiva.
Quienes hayan sufrido pérdidas superiores a esa cifra deberán presentar comprobantes, fotografías o documentos que respalden el valor reclamado.
Un criterio similar adoptó CGE, que fijó el mismo piso de $40.000 para reponer alimentos arruinados por la falta de refrigeración.
Adicionalmente, los ejecutivos avanzan en reuniones con el Sernac para pactar un procedimiento colectivo que beneficie a la totalidad de los clientes perjudicados.
Duras críticas desde el Gobierno Regional
La respuesta de las empresas privadas no logró calmar los ánimos en las autoridades locales.
El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, cuestionó con dureza el actuar de las distribuidoras y calificó los montos informados como “irrisorias”.
A juicio de la autoridad, la contingencia dejó al descubierto un problema estructural del país, donde el Estado cuenta con escasas herramientas para intervenir la gestión de las firmas que administran servicios esenciales.
Por ahora, los desembolsos en dinero efectivo no tienen una fecha única de depósito. Cada solicitud ingresada por los usuarios se analiza de manera individual, por lo que el pago se irá concretando progresivamente a medida que avance la revisión de antecedentes.
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