El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por incremento patrimonial injustificado de $246,9 millones y lavado de activos. La sentencia fija cuatro años de libertad vigilada intensiva, multas, comiso de un inmueble en La Reina e inhabilitación para cargos públicos.
El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó condena en contra del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, en calidad de autor de los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos.
En fallo unánime, la magistratura impuso al exjefe comunal una pena de cuatro años de reclusión —la cual cumplirá bajo la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva—, junto a una multa de $246.918.500 equivalente al patrimonio obtenido de manera indebida, una multa adicional de 200 UTM e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos.
Asimismo, la resolución decretó el comiso del inmueble de propiedad del imputado ubicado en la comuna de La Reina, adquirido en mayo de 2016. Paralelamente, el tribunal declaró la absolución de Aguilera respecto al delito de cohecho pasivo por encontrarse prescrita la acción penal y en consecuencia extinguida su responsabilidad penal
, pese a dar por acreditada la recepción de beneficios económicos por $16,9 millones en sus cuentas bancarias a cambio de adjudicaciones de licitaciones.
En los fundamentos del fallo, los jueces concluyeron que el análisis conjunto de la prueba rendida permite concluir que los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos no se presentan como conductas aisladas, sino como partes de un mismo entramado delictivo
.
En la misma línea, el texto del dictamen precisó que el acusado actuó abusando de su investidura pública, recibió pagos ilegales, incrementó injustificadamente su patrimonio y adoptó mecanismos para ocultar la trazabilidad del dinero, lo que permite atribuirle una participación dolosa y consciente como autor de los tres ilícitos
.
Finalmente, la justicia determinó que el exalcalde deberá quedar sujeto a un programa de reinserción social bajo la supervisión de un delegado. En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, la condena deberá ejecutarse como pena privativa de libertad efectiva en un recinto penitenciario.
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