El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció de manera oficial que interpondrá recursos de protección y un conjunto de acciones civiles contra las firmas privadas que estuvieron a cargo de las faenas de edificación en el sector El Olivar de Viña del Mar, luego de constatar severas irregularidades en el proceso de reconstrucción derivado del megaincendio de febrero de 2024.
La determinación institucional fue ratificada por el secretario regional ministerial de la cartera en la Región de Valparaíso, Marcelo Ruiz. La autoridad política argumentó que los líbelos judiciales buscan restablecer de forma urgente los derechos constitucionales vulnerados de cientos de familias damnificadas, quienes recibieron infraestructuras catalogadas técnicamente como deficientes e inseguras.
Término de contratos y querellas criminales por fraude fiscal
La estrategia gubernamental en el sector El Olivar de Viña del Mar incorporó el término anticipado de los contratos de prestación de servicios con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián. Ambas organizaciones enfrentan querellas criminales vigentes impulsadas por la cartera de Estado por los delitos de estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias.
Los libelos penales apuntan a la presunta obtención fraudulenta de prestaciones estatales en contratos que comprometen un patrimonio fiscal global equivalente a 709.143,09 Unidades de Fomento (UF). Los peritajes mecánicos desarrollados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y el Idiem de la Universidad de Chile arrojaron fallas críticas en los estándares de resistencia al fuego y en el cumplimiento de las normativas sísmicas vigentes.
Paralización de obras y estado del avance habitacional
De acuerdo con los catastros técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), el proceso de renovación urbana en el sector El Olivar de Viña del Mar se mantiene temporalmente congelado debido a acciones judiciales contrapuestas interpuestas por la misma constructora civil y un grupo minoritario de residentes del área. Esta disputa afecta directamente el futuro de 140 viviendas que presentaban diversos porcentajes de avance y contaban con decretos de demolición autorizados.
La problemática administrativa e inmobiliaria paraliza además la planificación de otras 187 soluciones habitacionales donde las cuadrillas de trabajadores aún no registraban el inicio formal de las obras físicas. Los balances provistos por la seremía regional indicaron que, de las 330 viviendas afectadas por los dictámenes de los tribunales de alzada, el 58% de las estructuras presentaba un avance constructivo real que oscilaba apenas entre el 0,1% y el 2,6% de su ejecución general.
Rechazo institucional a la entrega de viviendas defectuosas
Los equipos jurídicos del Minvu fundamentaron las nuevas acciones civiles en la necesidad de hacer respetar la voluntad mayoritaria de los comités de allegados y propietarios, quienes solicitaron formalmente no continuar postergando los cronogramas logísticos de la reconstrucción y rechazaron la continuidad de las empresas cuestionadas en el territorio.
La jefatura regional de la cartera habitacional enfatizó que el Estado utilizará la totalidad de las herramientas administrativas disponibles para asegurar viviendas definitivas que cumplan con los marcos regulatorios. Las autoridades ministeriales concluyeron que no validarán bajo ninguna circunstancia políticas públicas orientadas a normalizar la entrega de inmuebles parchados o con fallas estructurales a núcleos familiares en condición de vulnerabilidad social en el sector El Olivar de Viña del Mar.
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