Red Coquimbo
11 Jul, 2026
La Municipalidad de Salamanca ingresó una denuncia por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Los antecedentes apuntan a honorarios falsos y una millonaria deuda previsional en educación.
La Municipalidad de Salamanca interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel con el propósito de dar curso a una investigación penal por presuntas irregularidades financieras arrastradas desde la administración previa, las cuales habrían generado un perjuicio fiscal por sobre los $1.350 millones.
La ofensiva legal busca esclarecer la comisión de los eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Entre los antecedentes expuestos en el documento judicial se denuncian contrataciones bajo la modalidad de honorarios que suman cerca de $100 millones a personas que no registran contraprestación efectiva de servicios.
La indagatoria que tramita el Juzgado de Garantía de Illapel también abarca posibles anomalías en las transferencias de capital destinadas al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), donde se pesquisan $163,7 millones originalmente asignados para la ejecución de proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano.
A este escenario se añade el presunto no pago de las cotizaciones previsionales y de salud correspondientes a los funcionarios de la educación municipalizada durante los periodos 2023 y 2024. Pese a que los descuentos legales fueron aplicados de forma mensual en las liquidaciones, los dineros no fueron visados en los fondos previsionales, acumulando una deuda que supera los $1.190 millones.
El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, defendió la procedencia de la acción judicial tras la detección de las inconsistencias contables. “Cuando existen antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia”, argumentó la autoridad comunal.
El jefe edilicio complementó que la actual administración mantendrá una postura activa en el resguardo de la fe pública. “No corresponde mirar hacia otro lado, sino actuar con la responsabilidad, transparencia y apego a la ley”, sostuvo Lillo respecto a la auditoría interna que dio paso a la denuncia en sede penal.
El abogado Juan Carlos Manríquez, encargado de patrocinar la querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel, explicó que los cuestionamientos se sustentan formalmente en las conclusiones emanadas desde los informes de la Contraloría General de la República, además de una serie de peritajes contables independientes.
A juicio del profesional del derecho, los antecedentes reunidos en la carpeta administrativa reúnen los estándares necesarios para iniciar la persecución criminal pública. Las auditorías y revisiones técnicas dan cuenta de un eventual perjuicio de enorme magnitud tanto para el erario fiscal del municipio como para los derechos laborales de cientos de funcionarios dependientes.
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