La bancada de senadores del PPD consolidó un acuerdo político con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras acordar una reestructuración profunda en las normas de invariabilidad tributaria contenidas en el proyecto de Reconstrucción Nacional, logrando que el Ejecutivo redujera los plazos máximos originalmente propuestos.
La nueva fórmula planteada por las autoridades ministeriales rebaja de forma generalizada el beneficio de 25 a 10 años para los proyectos de inversión privada que alcancen un techo de US$ 100 millones. En tanto, las iniciativas corporativas de hasta US$ 350 millones dispondrán de un régimen de 15 años, quedando el tope original de 25 años reservado con exclusividad para **inversiones superiores a los US$ 500 millones**.
Sobretasa impositiva y blindaje al royalty minero
El articulado definitivo incorporará además una sobretasa impositiva permanente de 1,5% sobre las utilidades, definida por los equipos técnicos como una prima obligatoria asociada a la obtención de la certeza tributaria. Asimismo, las modificaciones garantizan la **plena vigencia del royalty minero**, asegurando de esta forma que las comunas de regiones sigan percibiendo los fondos de las patentes extractivas.
El senador Ricardo Celis destacó que el Ministerio de Hacienda asimiló cerca del 90% de los requerimientos emanados desde la tienda oficialista. El parlamentario argumentó que las escalas por tramos financieros otorgan un equilibrio que no existía en el diseño primitivo de la ley, permitiendo **bajar las barreras de entrada** para los capitales nacionales y extranjeros sin comprometer la recaudación fiscal futura.
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Desactivación del requerimiento ante el Tribunal Constitucional
Como consecuencia directa del consenso alcanzado en Valparaíso, la bancada del PPD confirmó el desistimiento de la ofensiva jurídica que pretendía impugnar las atribuciones de la reforma ante el Tribunal Constitucional (TC). Celis ratificó que, al disiparse los vicios normativos con la nueva redacción, la presentación ante el organismo judicial **carece de viabilidad política** para el sector.
Por su parte, la senadora Loreto Carvajal valoró los esfuerzos de articulación desplegados por la presidencia de la Cámara Alta para destrabar los nudos críticos. La legisladora enfatizó que las enmiendas constituyen un avance estratégico que **eleva los niveles de transparencia** e incorpora mayores exigencias de entrega de información al momento de suscribir los correspondientes contratos ley.
Finalmente, el ministro Jorge Quiroz relevó la madurez del debate desarrollado en las dependencias legislativas, manifestando que el consenso alcanzado robustece la competitividad de la economía chilena de cara a las próximas décadas. El secretario de Estado concluyó que las invariabilidades indexadas a los montos de capital invertido entregan certezas jurídicas potentes respaldadas por una **amplia base de apoyo parlamentario**.
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