Senado aprueba proyecto de ley que autoriza al Gobierno a contraer deuda adicional por hasta US$6.200 millones en 2026

La iniciativa legal fue ratificada tras alcanzar los 28 votos a favor en la Sala del Senado. El Ministerio de Hacienda fundamentó el requerimiento en el deterioro de las proyecciones macroeconómicas y el incremento del déficit fiscal.

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El Senado aprobó el proyecto de ley que autoriza un incremento en los márgenes de endeudamiento del Gobierno Central, otorgando al Ejecutivo una facultad financiera adicional por un monto de US$ 6.200 millones para el ejercicio fiscal en curso, modificando las proyecciones contenidas en la Ley de Presupuestos.

La iniciativa legal superó su segundo trámite constitucional tras registrar un respaldo técnico de 28 votos a favor, 15 en contra y una sola abstención en la Sala de la Corporación. El resultado permitió cumplir con el quórum mínimo especial de 26 sufragios requeridos, destrabando la propuesta que ingresó con urgencia de discusión inmediata por parte de las autoridades ministeriales.

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Ajustes financieros ante el deterioro del déficit fiscal

De acuerdo con los fundamentos del Ejecutivo, la solicitud busca adecuar las limitantes de crédito autorizadas originalmente en la Ley de Presupuestos a los requerimientos de caja actuales del erario nacional. Las autoridades económicas argumentaron la necesidad de responder a obligaciones previamente contraídas por el Estado que acusaron variaciones de cálculo en los modelos macroeconómicos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó ante la Comisión de Hacienda que esta inyección de recursos no se destinará a solventar el proyecto de Reconstrucción Nacional ni nuevas políticas de asistencia social. La solicitud responde a que el escenario técnico proyecta un déficit superior en US$ 3.800 millones respecto de las estimaciones fijadas a fines del año pasado.

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Divergencias en el debate de la Cámara Alta

La discusión legislativa reflejó visiones contrapuestas respecto del ordenamiento de las arcas fiscales chilenas. Desde los sectores oficialistas, parlamentarios como el senador Javier Macaya defendieron la aprobación del articulado, planteando que la medida constituye una vía institucional transparente para sincerar los gastos permanentes y las obligaciones acumuladas del fisco.

En contraste, representantes de la oposición manifestaron severos reparos ante la magnitud de la deuda. La senadora Daniella Cicardini y el senador Francisco Huenchumilla cuestionaron la presentación de un requerimiento de financiamiento autónomo desvinculado de la discusión de la Ley de Presupuestos anual, advirtiendo que la medida coincide temporalmente con la tramitación parlamentaria de la denominada megarreforma tributaria.

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A las críticas se sumaron planteamientos transversales sobre el impacto macroeconómico de la normativa. Legisladores independientes apuntaron a que un incremento sustantivo del endeudamiento fiscal puede presionar al alza las tasas de interés del mercado financiero interno, afectando el financiamiento productivo de las empresas y retrasando los planes de estabilización de las finanzas públicas.

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