15 Jul, 2026
La exsecretaria de Estado solicitó al órgano contralor dejar sin efecto el pronunciamiento emitido el pasado 1 de julio. La presentación judicial y administrativa argumenta la invasión de competencias y denuncia indefensión formal.
La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, solicitó formalmente a la Contraloría General de la República reconsiderar el reciente pronunciamiento que cuestionó de forma técnica el oficio reservado que la exautoridad envió a la Policía de Investigaciones (PDI) a solo días de haber asumido la conducción de secretaria de Estado.
La acción legal y administrativa busca revertir de manera definitiva las conclusiones del dictamen de Contraloría N° D344, emitido el pasado 1 de julio. En dicho documento, el organismo fiscalizador determinó que el Oficio Reservado N° 28, remitido directamente al director general de la policía civil, no se ajustó estrictamente a las competencias ministeriales y vulneró el principio de abstención.
En el escrito ingresado ante el ente contralor, Steinert argumentó la existencia de vicios de fondo, acusando errores de derecho y la presencia de nuevos antecedentes que no fueron ponderados en la resolución original. Asimismo, la exsecretaria de Estado denunció una situación de indefensión procesal debido a que el dictamen no le fue notificado formalmente, pese a constituir la única persona natural sujeta a un reproche nominativo.
La petición principal de la exministra apunta a que se deje sin efecto la amonestación a su gestión y se declare que el documento en cuestión se enmarcó plenamente dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública. Para ello, argumentó que las solicitudes de información a la PDI se encontraban amparadas bajo el marco regulatorio legal vigente.
De forma subsidiaria, la defensa de la exautoridad planteó que, en caso de rechazarse la reconsideración principal, el dictamen sea complementado para especificar que el reparo técnico se limita exclusivamente a la nómina detallada de los funcionarios que figuraban vinculados a una causa judicial determinada en la Región Metropolitana.
La presentación detalla un total de seis motivos jurídicos diferenciados. Entre ellos, Steinert sostiene que el órgano fiscalizador invadió esferas de conveniencia administrativa al evaluar el nivel de detalle del requerimiento y que cometió un error en la interpretación de las facultades del ministerio para solicitar bases de datos secretas a otros estamentos del Estado.
El recurso también objeta la aplicación del deber de abstención, señalando que la resolución fiscalizadora no identificó ningún tipo de interés personal o patrimonial en la solicitud. Del mismo modo, el texto acusa que el organismo emitió un reproche personal de carácter retrospectivo sobre una autoridad que ya cesó en sus funciones habituales, excediendo los límites de su rol dictaminante.
Finalmente, la exministra cuestionó el origen del procedimiento de fiscalización, afirmando que la controversia pública nació a partir de la divulgación ilícita de un documento amparado por reserva. El escrito concluye apuntando a una aparente falta de reacción institucional ante dicha filtración de datos, junto con reiterar la vulneración normativa por la omisión de las comunicaciones legales hacia su persona.
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