En una decisión unánime, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisibles los requerimientos presentados por un grupo transversal de legisladores para impugnar varias disposiciones del proyecto de ley Escuelas Protegidas.
La iniciativa, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, había sido aprobada esta semana por el Congreso tras un impulso legislativo del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La ofensiva ante el órgano constitucional fue concretada por parlamentarios de las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido de la Gente y diputados independientes.
El requerimiento argumenta que parte del contenido de la nueva normativa vulnera garantías constitucionales y contraviene compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
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De acuerdo a lo presentado por el Frente Amplio, la redacción del articulado gubernamental lesiona derechos fundamentales de los estudiantes y las comunidades. Entre las garantías afectadas, los congresistas enumeraron el principio de igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y el derecho a la educación.
Articulado impugnado y resolución del Pleno
De esta manera, en su sesión ordinaria de Pleno admitió a trámite el requerimiento de un grupo de senadoras y senadores que impugnan la inconstitucionalidad del artículo 1°, numeral 2 —en lo relativo a las oraciones finales de los incisos octavo y noveno del artículo 16 J—, el artículo 2°, y el artículo 6° en sus numerales 1 y 2.
En paralelo, el órgano adoptó la misma decisión de admisibilidad respecto al requerimiento ingresado por el grupo de diputadas y diputados. La presentación de la Cámara Baja solicita declarar la inconstitucionalidad del artículo 1°, numeral 2 (artículo 16 J); el artículo 2° en cuanto incorpora el inciso primero del artículo 87 ter; el artículo 5°; y el artículo 6° en sus numerales 1 y 2.
La sesión plenaria que visó la admisibilidad formal de los antecedentes estuvo integrada por la totalidad de sus 10 ministros titulares. Tras este pronunciamiento unánime, el requerimiento superó su primera valla procesal y quedó en condiciones técnicas de continuar con su tramitación regular, etapa donde el tribunal deberá abocarse a la revisión y pronunciamiento sobre el fondo de las materias debatidas antes de dictar sentencia definitiva.
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