Prisión preventiva para cuatro gendarmes acusados de integrar red de tráfico de drogas en cárcel de Illapel

El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva de cuatro funcionarios de Gendarmería y un civil, acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Illapel.

La medida fue adoptada tras una extensa audiencia de formalización que se prolongó durante dos jornadas y en la que se analizaron los antecedentes reunidos por la Fiscalía respecto de una red que habría operado desde el año 2021.

Tribunal apunta a una estructura criminal organizada

Al resolver las cautelares, la jueza Andrea Rojas sostuvo que los antecedentes expuestos permiten advertir la existencia de una organización que habría actuado desde el interior del recinto penitenciario.

Según indicó la magistrada, la gravedad de los delitos investigados, las altas penas asociadas y la participación de funcionarios públicos configuran un riesgo para la seguridad de la sociedad.

La investigación sostiene que la red utilizaba sus contactos y funciones para facilitar el ingreso de sustancias ilícitas y dispositivos electrónicos al penal, vulnerando los controles internos del establecimiento.

Drogas, celulares y dinero dentro de la cárcel

De acuerdo con la Fiscalía, la organización estaba integrada por funcionarios de Gendarmería, civiles e internos del recinto penitenciario.

El grupo tendría como objetivo adquirir, almacenar e ingresar drogas al centro de detención, además de teléfonos celulares y chips telefónicos, elementos que posteriormente eran entregados a reclusos a cambio de pagos.

Según la investigación, las operaciones no se limitaban a Illapel y tendrían conexiones con las regiones de Coquimbo, Metropolitana y Biobío.

Uno de los antecedentes que más llamó la atención durante la formalización fue el volumen de dinero atribuido a la organización.

La Fiscalía calcula que los involucrados habrían obtenido ganancias por $223.209.732, recursos que presuntamente fueron movidos a través de cuentas bancarias y utilizados para adquirir bienes con el fin de ocultar su origen ilícito.

Según la investigación, estas maniobras forman parte de los delitos de lavado de activos que también están siendo perseguidos en la causa.

Distintas medidas cautelares para los imputados

Durante la audiencia, el tribunal también resolvió la situación procesal de otros involucrados.

Dos mujeres imputadas por tráfico de drogas quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, en esta etapa se descartó su participación en el delito de asociación criminal.

En paralelo, un quinto funcionario de Gendarmería quedó sujeto a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con los demás imputados, luego que el tribunal estimara acreditada únicamente su participación en delitos de cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos al recinto penal.

Otros imputados recibieron medidas cautelares menos gravosas, entre ellas arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.

Tras la formalización, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Durante ese período, el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer el alcance de la presunta organización y la participación de cada uno de los imputados en los hechos investigados.