El Gobierno abrió el debate sobre nuevas formas de verificar la edad de quienes utilizan redes sociales y plataformas digitales en Chile.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, confirmó que una de las alternativas que se encuentra en evaluación es el uso de la Clave Única como mecanismo para acreditar si una persona cumple con la edad requerida para acceder a determinados contenidos o servicios en línea.
La autoridad abordó la iniciativa durante un conversatorio realizado en la Universidad de los Andes, donde se discutieron los desafíos que plantea el acceso de niños, niñas y adolescentes al entorno digital.
Verificación sin revelar identidad
Según explicó la ministra, el objetivo no es que las plataformas accedan a la identidad de los usuarios, sino que exista una validación que confirme si cumplen o no con los requisitos de edad establecidos.
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“Puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la app store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido”, señaló.
La propuesta busca equilibrar la protección de menores con el resguardo de la privacidad y los datos personales de quienes utilizan estas plataformas.
Mesa técnica comenzará trabajo la próxima semana
Wulf adelantó que durante los próximos días comenzará el trabajo de una mesa técnica integrada por distintos ministerios y expertos, quienes tendrán la misión de analizar alternativas regulatorias y tecnológicas para avanzar en la materia.
Después de esto, el Ejecutivo revisará experiencias internacionales que ya han implementado sistemas similares o mecanismos de control de edad en entornos digitales.
Entre los países que serán observados figuran Australia, Brasil y algunas naciones europeas que han impulsado regulaciones destinadas a fortalecer la protección de menores en internet.
Tres ejes para la futura propuesta
La iniciativa contempla tres áreas prioritarias sobre las que se desarrollará el trabajo técnico.
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La primera apunta a la creación de mecanismos de verificación y fiscalización de edad. La segunda considera fortalecer la persecución de delitos que afecten a niños y adolescentes en plataformas digitales.
El tercer eje busca entregar herramientas y apoyo a las familias para enfrentar los riesgos asociados al uso de redes sociales y aplicaciones móviles.
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