El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó una sentencia unánime en contra de Mauricio Alejandro Álvarez García por malversación de caudales públicos y cohecho activo en el proyecto del Hospital San Luis de Buin-Paine. La justicia acogió además la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó, con el pago de las costas del proceso, a Mauricio Alejandro Álvarez García a la pena de cumplimiento efectivo de 6 años de presidio. El exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud (Minsal) fue sindicado en calidad de autor del delito único de fraude al fisco y cohecho activo, por ilícitos perpetrados entre los meses de junio y octubre del año 2018.
El fallo unánime (causa rol 319-2024) fue integrado por las magistradas Verónica Herrera Ocares y Carolina Escandón Cox, junto al juez redactor Pedro Suárez Nieto. Junto a la pena aflictiva, el tribunal aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, y la inhabilitación profesional mientras dure la condena, sumando una multa penal de $25.980.256.
En la misma resolución, la acusada Pía Catalina González González recibió una pena de 540 días de reclusión —sustituida por el beneficio de remisión condicional— en su calidad de coautora del delito de soborno. Asimismo, el tercer implicado, Marcos Andrés Pozo Reyes, fue condenado a 540 días de presidio bajo remisión condicional y al pago de una multa a beneficio fiscal de $10.000.000 como coautor de soborno. Ambos particulares resultaron absueltos del cargo de fraude al fisco por falta de acreditación.
De acuerdo con los hechos acreditados por el tribunal, el fraude se gestó en 2018 a raíz del cambio de administración gubernamental, instancia donde se determinó modificar el modelo de inversión hospitalaria hacia un sistema de alianza público-privada (APP). Esta modificación técnica impactó de forma directa en el proyecto de Reposición del Hospital San Luis de Buin-Paine, el cual contaba con un presupuesto aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano que ascendía a los $2.099.000.000.
Aprovechando las dilaciones administrativas provocadas por el cambio de financiamiento desde fondos regionales a fondos sectoriales del Minsal, Álvarez García sostuvo una reunión técnica el 8 de mayo de 2018 con representantes del Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). En dicha instancia, y en una reunión posterior fechada el 10 de mayo, el entonces jefe de Finanzas exigió de forma obligatoria la incorporación de un equipo revisor externo para el anteproyecto de diseño, condicionando la continuidad de la construcción del recinto asistencial a esta contratación.
La resolución judicial determinó que esta exigencia constituía una necesidad ficticia creada por el funcionario público para obtener una ventaja económica personal. Para ejecutar el plan, Álvarez acudió a dos personas de su confianza y vecinos de la comuna de Buin: la arquitecta Pía González y su pareja, el contratista Marcos Pozo, a quienes propuso integrar al proyecto simulando un equipo técnico con competencias de las que carecían. El acuerdo ilícito estipulaba que los particulares debían retornar a Álvarez el 10% de la suma total de los honorarios que el Estado les pagaría.
Bajo el engaño de la necesidad técnica, el SSMS accedió a la contratación a honorarios de un equipo de 18 profesionales y técnicos coordinados por Pía González entre junio y diciembre de 2018, fijando un costo total de $400.000.000. Las indagatorias determinaron que los servicios prestados no resultaron útiles ni pertinentes debido al incipiente avance del proyecto interno del servicio de salud. Además, los informes evacuados presentaron contenido básico y reiterativo, siendo elaborados por personal sin experiencia ni expertise en infraestructura hospitalaria.
Para recaudar el beneficio económico destinado a Álvarez García, González y Pozo exigieron a los profesionales contratados la entrega mensual del 10% de sus honorarios, bajo el falso pretexto de solventar gastos operacionales del equipo. Estos dineros fueron percibidos directamente por el exjefe de Finanzas del Minsal para su enriquecimiento personal.
La defraudación causó un perjuicio total de $259.802.566 a las arcas del Servicio de Salud Metropolitano Sur, cifra que corresponde a los sueldos pagados entre junio y octubre de 2018. El esquema delictivo se interrumpió de forma anticipada en octubre, luego de que el propio Álvarez solicitara el término inmediato de los contratos de prestación de servicios debido a desavenencias y disputas financieras serias con su socio, Marcos Pozo.
En la arista civil del caso, el Cuarto TOP acogió con costas la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En consecuencia, se ordenó a Mauricio Alejandro Álvarez García pagar al Fisco de Chile la suma total de $259.802.566 por concepto de daño material derivado del delito.
El diputado Javier Olivares entregó antecedentes al Ministerio Público. El municipio asegura que ya inició un sumario y solicitó una revisión a Contraloría.
La Fiscalía Local de Vallenar mantiene abierta una investigación penal contra un médico anestesiólogo imputado por abusos sexuales cometidos contra al menos dos pacientes en...
En un fallo dividido, la Corte Suprema acogió los recursos presentados por la industria de alimentos y anuló el Decreto N° 24 del Ministerio de...
Un procedimiento policial en el límite de Estación Central con Santiago concluyó con un conductor baleado en la cabeza y en riesgo vital, además de...
