14 Jun, 2026
La Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar pidió a la Contraloría analizar la legalidad y pertinencia del convenio firmado entre el municipio y la empresa Whoosh CL SPA.
La discusión sobre el uso de scooters eléctricos en Viña del Mar sumó un nuevo capítulo. La Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar ingresó un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que analice la legalidad y pertinencia del convenio firmado entre el municipio y la empresa Whoosh CL SPA, acuerdo que contempla la instalación progresiva de 350 scooters eléctricos en distintos sectores de la comuna.
La iniciativa considera la habilitación de 75 puntos de operación, distribuidos en diversas zonas de la ciudad jardín.
Según la organización, la implementación de estos vehículos ha generado preocupación por los riesgos asociados a su circulación en espacios destinados al tránsito peatonal.
La fundación sostiene que los principales afectados podrían ser adultos mayores, niños, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas, debido a la presencia de scooters en veredas y áreas de uso exclusivo para peatones.
El planteamiento apunta a que la expansión de este sistema de transporte debe ir acompañada de medidas que resguarden la convivencia entre usuarios y transeúntes.
De acuerdo a lo informado por El Mercurio de Valparaíso, la entidad, el requerimiento busca que la Contraloría determine si el proceso cumplió con las exigencias administrativas y técnicas correspondientes.
Además, solicitan revisar si existieron mecanismos adecuados de participación ciudadana antes de la puesta en marcha de la iniciativa.
La vocera de la fundación, María Adela Baeza, explicó que la acción no busca frenar el avance de nuevas formas de movilidad urbana.
«Nosotros no estamos en contra de la electromovilidad. De ninguna manera. Salvo cuando ponen en riesgo a los que caminamos por las veredas del plan», señaló la representante de la organización.
Según la fundación, el objetivo es que el organismo fiscalizador evalúe los antecedentes y determine si el convenio se ajusta a la normativa vigente.
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