Contraloría devuelve decreto para ampliar Santiago 1 y cuestiona si el proyecto corresponde a una nueva cárcel

La Contraloría General de la República (CGR) devolvió sin tramitar el decreto que buscaba autorizar modificaciones urbanísticas para concretar la anunciada ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, luego de detectar antecedentes insuficientes para definir el verdadero alcance de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

La observación quedó plasmada en un oficio enviado a los ministerios de Vivienda y Justicia, además de la Gobernación Metropolitana y la Municipalidad de Santiago, donde el ente fiscalizador advirtió que la documentación presentada no permite establecer con claridad dónde se desarrollará el proyecto.

Dudas sobre el terreno donde se levantarían las obras

Según indicó la Contraloría, no fue posible determinar si la expansión del recinto penitenciario se realizará dentro del mismo predio donde actualmente opera Santiago 1 o en un terreno diferente.

El punto no es menor. De acuerdo con el organismo, esa definición resulta clave para establecer si se trata efectivamente de una ampliación del establecimiento existente o de la construcción de una nueva cárcel, situación que podría obligar a cumplir requisitos adicionales establecidos en la Ley N.º 21.636.

La observación motivó que el decreto N.º 15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modificaba el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, fuera representado y devuelto para su corrección.

La advertencia realizada por la Contraloría coincide con las objeciones que previamente había planteado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respecto al proyecto.

El jefe comunal sostuvo que los terrenos involucrados no corresponden al mismo paño donde actualmente se encuentra emplazado el recinto penitenciario. Según afirmó, la iniciativa apuntaría a desarrollar una nueva infraestructura carcelaria ubicada algunas cuadras al poniente del penal existente.

Para Desbordes, las diferencias entre ambos terrenos serían suficientemente relevantes como para descartar que se trate simplemente de una ampliación del complejo actual.

Después de esta observación, el Gobierno deberá aclarar los antecedentes técnicos y jurídicos del proyecto para que la Contraloría pueda continuar con la revisión del decreto.