Cámara despacha a ley proyecto “Escuelas Protegidas” tras aprobación de sus últimas modificaciones

La iniciativa fue respaldada por la Cámara de Diputados y contempla nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y la convivencia en las comunidades educativas.

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La Cámara de Diputados aprobó este martes las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto conocido como “Escuelas Protegidas”, permitiendo que la iniciativa complete su tramitación legislativa y quede lista para convertirse en ley.

La propuesta adquirió especial relevancia en las últimas semanas tras el caso ocurrido en Calama, donde una inspectora falleció luego de ser atacada por un estudiante, hecho que reabrió el debate sobre la seguridad en los establecimientos educacionales.

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Qué medidas contempla la nueva ley

La normativa incorpora distintas herramientas orientadas a reforzar el orden y la seguridad dentro de las comunidades educativas.

Entre ellas destacan la posibilidad de realizar revisiones de mochilas, sanciones frente a interrupciones graves de clases y nuevas exigencias relacionadas con beneficios estudiantiles.

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Durante la discusión en el Senado se modificó uno de los puntos más debatidos del proyecto. Finalmente, se estableció que las revisiones deberán realizarse mediante procedimientos amplios y visibles, descartando que se efectúen en salas privadas.

Por otra parte, el texto final no incluyó una regulación específica sobre la expulsión de estudiantes.

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Ministerio de Educación valora aprobación

La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que el objetivo es que los establecimientos puedan implementar las nuevas medidas lo antes posible.

Según explicó, las modificaciones introducidas durante la tramitación buscaron responder a inquietudes planteadas por distintos sectores, sin alterar el propósito central de la iniciativa.

Cambios en el acceso a la gratuidad

Otro aspecto considerado por el proyecto es la pérdida de acceso al beneficio de gratuidad en educación superior para quienes cometan determinados delitos en contextos educativos.

Desde el Ministerio aclararon que esta medida no impide el ingreso a la educación superior, sino que limita el acceso al beneficio estatal en casos específicos relacionados con delitos contra las personas o la propiedad dentro del ámbito escolar.

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Posibles cuestionamientos constitucionales

Durante la votación, algunos parlamentarios anunciaron la presentación de reservas de constitucionalidad respecto de ciertos aspectos de la normativa.

Pese a ello, desde el Ejecutivo señalaron que observan con tranquilidad el escenario jurídico y sostienen que la iniciativa cumple con los estándares legales requeridos.

Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto quedó listo para las etapas finales de promulgación y publicación.

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