Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva para exdiputado Joaquín Lavín León
El tribunal de alzada capitalino desestimó el recurso de amparo de la defensa y determinó que la revisión de la cautelar debe ser por vía de apelación.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este sábado 16 de mayo que el exdiputado Joaquín Lavín León continuará recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal de alzada capitalino desestimó de manera unánime el recurso de amparo ingresado por sus abogados, el cual buscaba revertir su permanencia en el recinto penal tras ser formalizado la semana pasada por delitos vinculados a la corrupción pública.
El error de estrategia según los ministros
La acción legal interpuesta por la defensa pretendía cuestionar la legalidad de su reclusión, sin embargo, el dictamen judicial aclaró de entrada que esta herramienta constitucional no corresponde para este escenario. Los jueces recordaron que el amparo funciona como un resguardo de urgencia excepcional frente a detenciones arbitrarias y no como una tercera instancia ordinaria para anular decisiones tomadas por tribunales competentes.
De acuerdo con el documento emitido por la Corte, los abogados debieron presentar un recurso de apelación bajo el artículo 149 del Código Procesal Penal. El fallo sostiene que todas las quejas planteadas por la defensa perfectamente «pueden resolverse en la audiencia de revisión de cautelares derivada del ejercicio del recurso de apelación», cerrándole la puerta a un salvavidas inmediato por la vía constitucional.
Un dictamen ajustado al derecho
En paralelo al análisis de las formas, el tribunal metropolitano respaldó de forma categórica el trabajo del Séptimo Juzgado de Garantía, que envió a prisión a Lavín León el pasado viernes 8 de mayo. La resolución de hoy detalla que la orden emanó de un juez con competencias legales y luego de una audiencia donde todas las partes expusieron de manera extensa sus antecedentes.
El exparlamentario enfrenta cargos criminales levantados por el Ministerio Público por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Estas irregularidades financieras acusan un perjuicio directo a las arcas estatales que se calcula preliminarmente en 104 millones de pesos, un caso que ha vuelto a encender el debate sobre las sanciones a los delitos de cuello y corbata en el país.
Después de este duro revés en tribunales, el imputado seguirá cumpliendo su reclusión en el anexo penitenciario Capitán Yáber. La defensa tendrá que definir en las próximas horas si persevera mediante la vía de la apelación regular para modificar el régimen de privación de libertad de su representado.
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