Nueva ley protege 15 derechos de las personas mayores en Chile
La normativa fue revisada por el Tribunal Constitucional y establece nuevas garantías para las personas mayores, incluyendo acceso a salud, conectividad y protección contra el abandono.
La normativa fue revisada por el Tribunal Constitucional y establece nuevas garantías para las personas mayores, incluyendo acceso a salud, conectividad y protección contra el abandono.
El Tribunal Constitucional aprobó esta semana la nueva Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, normativa que busca fortalecer la protección de derechos y mejorar la calidad de vida de este grupo de la población en Chile.
La iniciativa, que ya había sido aprobada por el Congreso Nacional, tiene como objetivo fomentar la inclusión, participación e integración social de las personas mayores, resguardando sus derechos y libertades fundamentales.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, calificó la aprobación como “un significativo avance” y aseguró que responde a una demanda histórica por un trato más digno hacia las personas mayores.
La ley incorpora un catálogo específico de derechos orientados a garantizar mejores condiciones de vida durante la vejez.
Entre ellos destacan el derecho a la igualdad y no discriminación por edad, el acceso preferente a servicios, la atención digna y el acceso a la justicia.
También contempla derechos vinculados a la salud, educación, conectividad, trabajo, movilidad, participación comunitaria y libertad de expresión.
Después de esto, uno de los puntos que más llamó la atención fue la incorporación del derecho al ocio, deporte, turismo y vida activa, reconociendo la importancia de mantener una participación plena en la sociedad durante la vejez.
La normativa además pone foco en las personas mayores con dependencia y crea nuevas herramientas legales frente a situaciones de abandono social.
Según la ley, se incorporará un procedimiento especial en tribunales de familia que permitirá actuar de manera más rápida ante casos de vulneración o desprotección.
En paralelo, se busca ampliar las soluciones de cuidado para personas mayores, evitando que la única alternativa sea la institucionalización en establecimientos de larga estadía.