Ministra de Salud se opone a indicación para reportar a migrantes irregulares: “Lo vemos con preocupación”

La ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó de la propuesta impulsada por el Ministerio del Interior que busca obligar a diversas instituciones, incluidas las de salud y educación, a reportar los antecedentes personales de los migrantes en situación irregular en el país.

La secretaria de Estado manifestó que desde su cartera observan la medida “con bastante preocupación”, marcando un punto de tensión respecto a la indicación ingresada al proyecto que perfecciona los procedimientos de expulsiones administrativas.

La polémica iniciativa del Ejecutivo pretende exigir a todo órgano de la administración estatal, así como a instituciones previsionales, de educación y salud —tanto públicas como privadas—, la entrega de datos como el domicilio, número de teléfono y correo electrónico de extranjeros que se encuentren en medio de trámites migratorios. Sin embargo, la titular de Salud fue enfática en señalar que la recopilación de dicha información médica cuenta con un marco regulatorio estricto que pretende resguardar.

Defensa del Código Sanitario y confidencialidad

En conversación con Radio 13c, la ministra Chomali argumentó que las instituciones sanitarias no pueden transformarse en un canal de información de estos temas, debido a que los datos son entregados por los usuarios estrictamente dentro de un contexto de atención médica. Bajo su análisis, estas interacciones se encuentran protegidas por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, normativas que aseguró defenderá de manera absoluta.

Junto con manifestar que buscarán revisar el alcance de la indicación con el comité central para alinearla con las políticas discutidas previamente de forma interna, la autoridad recordó los peligros de restringir las prestaciones a la población extranjera. Según expuso, negar el acceso médico no solo pone en riesgo la vida del paciente, sino que expone la seguridad sanitaria de toda la ciudadanía.

El caso que reafirmó la postura de la cartera

Para ejemplificar el riesgo de la medida, la ministra relató una experiencia reciente ocurrida durante una visita a la localidad de Azapa, al este de Arica. En dicho sector, los equipos médicos se encontraban tratando a un migrante en condición de abandono afectado por tuberculosis, en una zona geográfica que registra altos índices de dicha patología.

Al respecto, destacó la importancia de la atención oportuna, argumentando que si el paciente permanecía en territorio nacional sin tratamiento, las probabilidades de contagio hacia sus compañeros de labores y el entorno habrían sido sumamente elevadas, una realidad que reforzó su postura institucional.