13 Jun, 2026
El parlamentario de Renovación Nacional retiró la querella presentada en 2025 contra la senadora Karol Cariola, aunque la investigación de Fiscalía continúa en curso.
Un nuevo giro tuvo el denominado Caso Chinamart luego que el diputado Andrés Celis Montt decidiera desistirse de la querella presentada contra la senadora Karol Cariola por presunto tráfico de influencias. La decisión fue comunicada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y quedó formalizada el pasado 8 de mayo de 2026.
La acción judicial había sido ingresada en marzo de 2025, en medio de una investigación que generó amplio impacto político.
Sin embargo, según el escrito presentado por el parlamentario junto a su abogado Luis Cantellano, el desistimiento responde a “nuevos antecedentes que obran en el proceso”, de acuerdo con información publicada por La Tercera.
Después de esto, la arista impulsada por el diputado de Renovación Nacional quedó cerrada desde el punto de vista de la querella particular.
La decisión marcó un fuerte contraste con las declaraciones que realizó inicialmente la defensa de Celis cuando presentó la acción penal.
En ese momento, el abogado Cantellano calificó los hechos investigados como de “máxima gravedad” e incluso sostuvo que se trataba de una situación “casi inédita en la historia parlamentaria”.
A 14 meses de esas declaraciones, el parlamentario optó finalmente por abandonar el proceso como querellante.
Tras conocerse la decisión, el abogado de la senadora Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, ingresó un escrito manifestando conformidad con el desistimiento, en línea con lo establecido en el artículo 401 del Código Procesal Penal.
La defensa valoró el cierre de esta parte de la causa impulsada por el diputado opositor.
En paralelo, desde el entorno jurídico de la parlamentaria recalcaron que el retiro de la querella representa un cambio relevante dentro del expediente judicial.
Pese al retiro de la acción particular, la investigación encabezada por el Ministerio Público continuará desarrollándose.
Según la legislación chilena, el presunto delito de tráfico de influencias corresponde a una acción penal pública, por lo que Fiscalía mantiene la obligación de seguir adelante con las diligencias para esclarecer posibles responsabilidades.
Hasta ahora, el ente persecutor no ha informado eventuales cierres ni nuevas formalizaciones relacionadas con esta causa.
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