Viernes 17 abril de 2026 | Publicado a las 11:14 am · Actualizado a las 11:14 am
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Cámaras malas y botones de pánico en cajas: El lapidario informe de Contraloría a dos municipios

La Contraloría detectó que un alto porcentaje de cámaras de vigilancia en Estación Central no funcionan, mientras que en Padre Hurtado los botones de pánico nunca fueron instalados. Se ordenaron sumarios administrativos.

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Un duro golpe a la gestión municipal de seguridad pública asestó la Contraloría General de la República (CGR) tras fiscalizar las dependencias de Estación Central y Padre Hurtado.

Según los informes publicados este viernes, se evidenciaron “diversas irregularidades y debilidades en la gestión y ejecución de recursos públicos”, lo que motivó la apertura de sumarios administrativos para determinar responsabilidades funcionarias.

En Estación Central, la fiscalización fue lapidaria respecto a la operatividad tecnológica. El ente contralor constató que, en los sectores donde más se concentraron los delitos durante 2024, casi la mitad de las cámaras de televigilancia (19 de 40) estaban fuera de servicio.

La situación es calificada como crítica, ya que el 58% de las cámaras nuevas instaladas hasta junio de 2025 tampoco se mantenían operativas, afectando la eficacia del sistema de vigilancia comunal.

Padre Hurtado: Botones de pánico inactivos

La situación en la Municipalidad de Padre Hurtado no es distinta en términos de negligencia. La Contraloría detectó que botones de pánico adquiridos entre diciembre de 2024 y enero de 2025 nunca fueron distribuidos, encontrándose guardados en cajas al momento de la inspección.

Además, el municipio recepcionó contratos de seguridad sin las certificaciones eléctricas necesarias ni las autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Ante estos antecedentes, la CGR ordenó a ambas entidades edilicias iniciar procesos disciplinarios para establecer por qué los recursos destinados a proteger a la comunidad terminaron en equipamiento defectuoso o almacenado. Los municipios tendrán plazos legales para responder a los reparos, mientras el ente contralor vigilará el cumplimiento de las medidas correctivas.

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