Las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), remecieron la agenda política de este lunes. En conversación con el podcast del senador Felipe Kast, la otrora jefa de gabinete planteó que la administración del Presidente Gabriel Boric debería avanzar, antes de entregar el poder, en la regularización de más de 180 mil personas migrantes que ya fueron empadronadas.

El argumento de Tohá fue directo: evitar que el gobierno entrante de José Antonio Kast utilice esa base de datos para iniciar expulsiones masivas. “Si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí (…) Se las va a entregar en bandeja”, advirtió.

El “Portazo” del ejecutivo

La respuesta desde La Moneda no se hizo esperar. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó de plano la posibilidad de un proceso express antes del 11 de marzo. “No hay un plan de regularización, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas”, aclaró la ministra.

Vallejo enfatizó que la información del empadronamiento quedará a disposición de la próxima administración como un insumo de Estado, dejando la decisión en manos de las nuevas autoridades.

Molestia en el equipo de Kast y la oposición

La propuesta de Tohá desató la indignación en las filas del gobierno entrante. Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior, calificó la idea como “de mal gusto” e improvisada. Sin embargo, las críticas más duras vinieron desde el Partido Republicano.

El diputado Cristián Araya fue categórico: “Sería una canallada escandalosa, no sólo contra el próximo gobierno, sino contra la prosperidad del país”, cuestionando si se conocen los antecedentes penales reales de los empadronados.

En la misma línea, el diputado Agustín Romero acusó un intento de “amarre” político. “En vez de ordenar la casa, optan por regularizar masivamente (…) El próximo gobierno fue elegido para recuperar el control migratorio, no para administrar los errores del gobierno saliente”, sentenció.

Incluso desde el oficialismo actual hubo desmarques. El diputado Rubén Oyarzo (PR) advirtió que una medida de este tipo vía decreto podría generar un “conflicto innecesario” y que el tema debe abordarse por ley.