Miles de adultos mayores denunciaron la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de recibir cartas del Instituto de Previsión Social (IPS) que los acusa de haber permanecido más de 180 días fuera de Chile, situación que muchos aseguran es completamente falsa.

Cartas que notificaron la cancelación del beneficio

Según relatan los afectados, la notificación llegó por escrito a sus domicilios, informando el término del beneficio por incumplir el requisito de permanencia en el país.

En la misiva se señala que, de acuerdo con datos entregados por organismos externos, el beneficiario habría salido del territorio nacional por un periodo superior a 180 días, ya sea de manera continua o intermitente, lo que constituye causal legal de término de la PGU.

Familias denuncian errores graves en los registros

Los reclamos comenzaron a multiplicarse cuando familiares advirtieron que los antecedentes no coincidían con la realidad.

“Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha viajado fuera del país, y aun así le quitaron la pensión”, relató una de las hijas de las afectadas, apuntando a la gravedad del error.

Otra adulta mayor sostuvo que la situación los deja en una posición injusta: “Nos tratan como delincuentes y encima nos obligan a solucionar un problema que no causamos”.

Trámite exigido profundiza la molestia

Para revertir la suspensión, el IPS exige presentar un Certificado de Viaje emitido por la Policía de Investigaciones (PDI), documento que acredita las entradas y salidas del país.

La exigencia ha generado mayor molestia, ya que es la propia PDI la institución que entrega esta información al IPS, lo que refuerza las críticas por la falta de coordinación entre organismos del Estado.

Respuesta del IPS y consecuencias económicas

Consultado por este caso, el Instituto de Previsión Social indicó que, por ley, realiza revisiones periódicas del requisito de permanencia en el país y reconoció haber recibido reclamos que actualmente se encuentran en revisión.

De no corregirse el error, se estima que cerca de $3.380 millones dejarían de pagarse en beneficios, afectando directamente a personas que dependen de la PGU como su principal ingreso mensual.