Este sábado 20 de diciembre continúa la formalización de 47 gendarmes y 23 civiles imputados en el marco de la operación “Apocalipsis”, una investigación que busca desarticular una red de corrupción al interior de distintos penales del país. La audiencia se desarrolla en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía anunció que solicitará prisión preventiva para la mayoría de los acusados.

Se trata de la segunda jornada de formalización, instancia clave para definir las medidas cautelares en uno de los casos más graves que ha enfrentado Gendarmería en los últimos años.

Según adelantó el Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura que permitía el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, como comida, alcohol, drogas y teléfonos celulares, a cambio de pagos previamente establecidos.

En este contexto, el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó el alcance de la investigación.
“Lo importante es que con esto damos un golpe relevante a círculos que, a partir de funcionarios corruptos, impiden que el régimen penitenciario sea lo que tiene que ser”, sostuvo.

Después de esto, el persecutor fue más directo:
“Estamos devolviendo a su cauce algo que nunca debió haberse desviado. Las personas privadas de libertad deben cumplir efectivamente un régimen de reclusión, no recibir beneficios ilegales producto de la corrupción”.

En paralelo, la Fiscalía detalló que la operación “Apocalipsis” permitió identificar nueve organizaciones criminales que operaban de forma coordinada en distintos recintos penitenciarios, principalmente en Santiago 1 y el penal de San Joaquín.

Las organizaciones identificadas

Entre las estructuras detectadas figuran La Dora, La Maribel, Las Chilenas, La Boliviana, Los Colombia, además de agrupaciones lideradas por funcionarios como Luis Salamanca, Héctor Pérez Bedregal y Mario Soto, todas con participación activa de gendarmes y civiles.

Según los antecedentes, estas redes funcionaban bajo una lógica casi administrativa: tarifas definidas, roles asignados y continuidad en el tiempo. Algunas operaban desde 2020, sin ser detectadas.

La formalización contra los funcionarios públicos se realiza por los delitos de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos, mientras que los civiles enfrentan cargos por soborno, lavado de activos y asociación criminal.

En tribunales, el ambiente es tenso. No solo por la cantidad de imputados, sino porque el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién controla a quienes deben custodiar el encierro?