La Contraloría General de la República (CGR) estableció que Codelco debe mantener una participación superior al 50% y un control efectivo en la sociedad que explotará el litio en Chile, reafirmando que este tipo de alianzas público-privadas no pueden debilitar el rol del Estado ni el control público sobre un recurso estratégico.

El pronunciamiento se da en el contexto de la política nacional del litio y fija límites claros tanto legales como administrativos a la participación privada.

En su análisis, la Contraloría recuerda que la explotación del litio se rige por el artículo 19 N°21 de la Constitución, norma que autoriza la actividad empresarial del Estado solo cuando existe una habilitación legal expresa. En el caso de Codelco, esa autorización emana de su ley orgánica y de su condición de empresa estatal minera.

Después de esto, el órgano contralor es enfático: una asociación público-privada no puede diluir el rol estatal, aun cuando se estructure mediante sociedades de derecho privado. El control no es solo un concepto formal. Tiene que sentirse en la toma de decisiones.

Uno de los puntos más sensibles del documento aborda la participación accionaria de Codelco en la nueva sociedad. La CGR establece que la estatal debe mantener más del 50%, no solo en el papel, sino también en términos de control efectivo.

El texto señala que:

“La Contraloría General observa que se contraviene la fundamentación contenida en los considerandos del acto en estudio, por cuanto solo se objetiva la participación del accionista de la ENL a través de la participación del Estado en la alianza público-privada”.

Lo que sigue es clave: cualquier modificación futura que altere ese control mayoritario deberá ser aprobada previamente por el Consejo de Corfo y sometida a control de legalidad, cerrando la puerta a maniobras indirectas que diluyan la posición estatal.

En paralelo, la Contraloría dedica un apartado completo a precisar hasta dónde llega su rol fiscalizador. Si bien aclara que no puede pronunciarse sobre decisiones de mérito económico ni intervenir en arbitrajes en curso, sí reafirma que las empresas del Estado —y las sociedades donde este tiene participación mayoritaria— quedan sujetas a fiscalización integral.

El documento recuerda que: “Las empresas en que el Estado tenga participación mayoritaria quedan sujetas a fiscalización de la Contraloría General, en cuanto al cumplimiento de las normas de derecho público aplicables”.

Así, la CGR podrá auditar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, aportes fiscales y cumplimiento de obligaciones legales. No entra al tablero del negocio, pero sí vigila que las reglas se cumplan. Y eso, en el litio, no es un detalle menor.