La tarde de este jueves se concretó la entrega del último gendarme que permanecía prófugo en el marco de la Operación Apocalipsis, investigación liderada por la Fiscalía Occidente que desbarató una mega red de corrupción al interior del sistema penitenciario. Con esto, se completa un total de 47 funcionarios de Gendarmería imputados, además de 23 civiles, sumando 70 personas que enfrentarán control de detención y formalización.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, inició los procesos de desvinculación de los funcionarios involucrados. La autoridad fue categórica al señalar que estos gendarmes “violaron su juramento y traicionaron la confianza pública”.

“Han violado el juramento a la bandera y nos han traicionado. No representan una pérdida, sino que estamos apartando malos elementos que contaminan el control que debemos mantener”, señaló previamente el director de la institución.

Antecedentes del caso

La denominada Operación Apocalipsis fue un operativo de gran escala ejecutado en distintas regiones del país, con foco en los recintos penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín. La investigación permitió establecer que organizaciones criminales pagaban a gendarmes para ingresar elementos prohibidos a los penales.

Según se conoce, los funcionarios facilitaban el ingreso de teléfonos celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida y otras especies ilícitas. Además, se autorizaba el acceso de personas no registradas como visitas formales, conocidas en la jerga carcelaria como “gatitas”.

Fiscalía detalló que esta estructura criminal logró mover más de $6.300 millones en un período de tres años, conformando un sistema estable y funcional dentro de las cárceles intervenidas.

El fiscal regional de Occidente, Marcos Pastén, detalló que 43 gendarmes contaban con órdenes de detención vigentes, mientras que otros cuatro fueron sorprendidos en situación de flagrancia durante el operativo.

La imagen institucional quedó golpeada. Y ahora, cada responsabilidad será discutida en tribunales.