El Primer Tribunal Ambiental admitió a tramitación la demanda de daño ambiental presentada por la Comunidad Indígena Aymara de Casa Blanca en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la supuesta afectación al monumento arqueológico Gentilar Los Hornos de Casablanca, específicamente a uno de los cementerios gentilares ubicados en la comuna de Huara, en la región de Tarapacá.

La acción judicial, patrocinada por la abogada Paulina González Quiroga, busca que el tribunal declare la existencia de daño ambiental y condene al MOP a su reparación mediante un programa de reparación por equivalencia, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Según lo expuesto en la demanda, el daño se habría originado a partir de una serie de obras ejecutadas desde el año 2014, las que incluyeron la instalación de postes y la construcción de caminos, configurando acciones que, de manera acumulativa, habrían generado la afectación ambiental que hoy se denuncia.

El último episodio señalado por la comunidad demandante se habría producido durante la ejecución de los trabajos denominados “conservación de obras de atraviesos canales fiscales Región de Tarapacá”, instancia en la que se habría intensificado el impacto sobre el sitio arqueológico.

La demanda sostiene que la inversión estatal en el sector provocó daños a diversos sitios arqueológicos al interior del Gentilar Los Hornos de Casablanca, en particular por obras de infraestructura hidráulica de regadío, construcción y mejoramiento de rutas y el trazado de una línea eléctrica.

Asimismo, se hace referencia a una denuncia presentada ante la Fiscalía del Tamarugal, donde se indica que entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre de 2020 una empresa contratista ingresó con maquinaria pesada al área del cementerio, removiendo grandes volúmenes de tierra, destruyendo cistas y fardos funerarios y dispersando restos humanos, cerámicas y textiles, pese a las advertencias de la comunidad y a las obligaciones legales de protección patrimonial.

El escrito califica el daño como ambiental y patrimonial, de carácter acumulativo, permanente, continuo e irreparable, señalando que la destrucción del contexto arqueológico implica una pérdida irrecuperable de información científica y un grave menoscabo a la identidad cultural y espiritual de la comunidad aymara.

En su petitorio, la comunidad solicita que el tribunal declare la responsabilidad del MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas de Tarapacá, y ordene un programa de reparación que considere la participación comunitaria, incluyendo el cierre perimetral del sitio y señalización que advierta la presencia de material arqueológico.

El siguiente paso será la notificación al MOP, tras lo cual el organismo deberá presentar su contestación y defensas ante el tribunal.