Un nuevo caso de violencia policial llegó a los tribunales porteños este jueves. El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó medidas cautelares contra cuatro funcionarios policiales imputados por su participación directa en una agresión contra un ciudadano en la vía pública. Los efectivos enfrentan cargos como autores del delito de apremios ilegítimos, tras protagonizar un violento procedimiento registrado la noche del pasado 3 de diciembre en la ciudad puerto.

En la audiencia de formalización, la magistrada Sylvia Quintana acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público, los cuales apuntaban a un uso desmedido de la fuerza. Los imputados, identificados como Mario Gabino Martínez Puebla, David Ignacio Garcés Jara, Ignacio Alfonso Chávez Núñez e Iván Cristofer Henríquez Marchant, quedaron sujetos a las medidas de arraigo nacional, firma mensual en dependencias de la Fiscalía y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima mientras dure el proceso.

La dinámica de la agresión

Los antecedentes expuestos por el ente persecutor fueron contundentes respecto a la mecánica de los hechos. Según la investigación, los funcionarios abordaron al transeúnte y lo golpearon reiteradamente utilizando sus bastones de servicio. El ataque no fue un simple control de identidad que se salió de las manos, sino una acción que provocó daños físicos constatables en el afectado, quien debió recibir atención médica tras el incidente.

El reporte de lesiones, clave para la decisión del tribunal, detalló la magnitud de los golpes recibidos por el ciudadano. El documento médico certificó que la víctima resultó “con lesiones eritematosas en el tercio superior de tórax posterior, antebrazo izquierdo y mano derecha”. Además, la violencia del impacto le provocó una “herida de dos centímetros en la cabeza, región parietal derecha transversal”, lesiones que, aunque fueron catalogadas clínicamente como leves, sustentan la figura penal de apremios ilegítimos por el actuar abusivo de agentes del Estado.

Tras escuchar a las partes, el tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días. Durante este periodo, la Fiscalía deberá reunir más pruebas, como registros de cámaras de seguridad o testimonios adicionales, para buscar una condena definitiva.