El tribunal también sentenció a su esposa por lavado de activos culposo. El Estado decomisará sus propiedades en Las Condes y el exjerarca policial quedó inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
[urg]
La justicia chilena dictó una sentencia histórica este lunes. El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a 17 años de prisión al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa.
El fallo pone fin a un proceso judicial de alto perfil que destapó una red de corrupción vinculada al desvío de fondos reservados de la institución, delitos cometidos por quien fuera el máximo líder de la policía civil entre 2015 y 2021.
La resolución judicial llega semanas después de que el tribunal, el pasado 12 de noviembre, declarara culpable a Espinosa como autor de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Junto a él, su esposa, María Magdalena Neira, también enfrentó la justicia, siendo condenada a 541 días de pena remitida como autora del delito de lavado de activos culposo, cerrando así el cerco sobre el patrimonio familiar de origen ilícito.
Aunque la Fiscalía solicitaba 20 años de presidio, el tribunal ajustó la sentencia final. El exmandatario policial deberá cumplir 12 años por los delitos de malversación y falsificación, sumado a una multa de 15 UTM. Adicionalmente, se le impusieron cinco años y un día de presidio por lavado de activos, con una multa asociada de 200 UTM (cerca de $13,9 millones). En la práctica, Espinosa deberá cumplir 13 años de presidio efectivo, ya que se le descontarán los cuatro años que pasó bajo medidas cautelares durante la investigación.
“Se decretó el decomiso y la adjudicación del Estado del departamento del exdirector de la PDI en Las Condes, junto con su bodega y los dos estacionamientos, considerando que estas propiedades las obtuvo producto de los delitos”.
— Resolución del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal.
El castigo no se limita a la privación de libertad. La sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, así como la pérdida de sus derechos políticos de por vida.
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