Error en cuentas de luz: Pardow descarta responsabilidad y afirma que informar el error habría generado alarma injustificada

El exministro de Energía, Diego Pardow, pidió a la Cámara de Diputados declarar inadmisible la acusación constitucional presentada en su contra por el error de cálculo en las cuentas de luz. En su respuesta, ingresada anoche, sostuvo que el libelo “no cumple los requisitos que exige la Constitución” y que no se le atribuyen hechos propios que configuren responsabilidad política.

La acusación, compuesta por dos capítulos, lo cuestiona por supuestas infracciones al principio de probidad y por vulnerar criterios de eficiencia y eficacia, además de no haber informado oportunamente a la ciudadanía sobre las inconsistencias detectadas en el proceso tarifario.

Los argumentos de Pardow para pedir inadmisibilidad

En un documento de 120 páginas, Pardow afirmó que el texto “no tiene asidero en las causales previstas en la Constitución”, carece de fundamentación suficiente y no respeta el carácter de ultima ratio que caracteriza este tipo de herramientas.

Asimismo, señaló que no existían antecedentes claros para comunicar pública y tempranamente las inconsistencias detectadas en 2024. Según sostuvo, “ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía”.

El exministro agregó que revelar esas inconsistencias antes de contar con una evaluación técnica completa “podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como un instrumento de hostigamiento”, lo que a su juicio habría afectado el proceso regulatorio y el interés nacional.

Responsabilidad en el cálculo y límites legales

Pardow insistió en que el Ministerio de Energía no tenía herramientas para detectar el error ni facultades para modificar unilateralmente el cálculo de la Comisión Nacional de Energía. Aseguró que cualquier intervención “habría sido invalidada y posiblemente anulada por la Contraloría General de la República”.

Tras la entrega del documento, la comisión revisora encabezada por el diputado Jaime Mulet (FREVS) dispone de seis días para analizar los antecedentes y emitir su recomendación a la Sala de la Cámara de Diputados.