El exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, fue declarado culpable por los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El veredicto fue entregado este martes por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

La resolución también incluyó una condena en contra de su cónyuge, María Magdalena Neira Cabrera, quien fue hallada responsable del delito de lavado de activos. Ambos conocerán su sentencia el próximo 1 de diciembre a las 11:00 horas.

Fiscalía acreditó uso irregular de fondos reservados

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Magallanes, estableció que Espinosa, mientras ejercía el cargo de director general de la PDI, sustrajo al menos $146 millones de fondos públicos asignados como gastos reservados para el funcionamiento de la institución policial.

Según el fiscal regional Eugenio Campos, los dineros fueron depositados en cuentas bancarias personales del exdirector y de su esposa, sin respaldo contable ni justificación institucional.

En su acusación, el Ministerio Público solicitó una pena total de 20 años de prisión: diez por malversación de fondos públicos, cinco por lavado de activos y otros cinco por falsificación de instrumento público.

Querella del Consejo de Defensa del Estado

En agosto de 2021, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de Espinosa por los mismos delitos, tras detectarse depósitos en efectivo reiterados en las cuentas de ambos imputados, presuntamente provenientes de los gastos reservados que el entonces director manejaba.

La causa fue formalizada en octubre de 2021 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que inicialmente decretó la prisión preventiva del exdirector. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario y arraigo nacional.

Con este fallo condenatorio, el tribunal acogió en su totalidad la tesis del Ministerio Público, marcando un precedente en causas por uso irregular de fondos públicos dentro de instituciones policiales.