jueves 6 noviembre de 2025 | Publicado a las 9:35 pm · Actualizado a las 9:35 pm
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Tribunal de Temuco rechaza modificar cautelar de Juan Pichún acusado por atentado en Traiguén
El abogado defensor anunció que apelará la decisión, mientras comuneros realizaron una rogativa en apoyo al lonco frente a la cárcel de Temuco.
El Tribunal de Garantía de Temuco decidió mantener la prisión preventiva del lonco mapuche Juan Pichún Collonao, detenido por su presunta participación en el atentado incendiario al fundo La Coña de Traiguén, en la Región de La Araucanía, propiedad de la familia del diputado Jorge Rathgeb.
La defensa del lonco, encabezada por el abogado Sergio Millamán, había solicitado modificar la medida cautelar que Pichún cumple en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, pero el tribunal desestimó el requerimiento.
“Vamos a apelar a esta resolución”, adelantó Millamán, quien representa al dirigente acusado de incendio reiterado y porte ilegal de arma de fuego.
En la misma jornada estaba programada la audiencia de preparación del juicio oral de Pichún y otros siete imputados por el ataque al predio ocurrido el 5 de noviembre de 2021, pero esta se suspendió tras el cambio de defensor de uno de los acusados. La nueva fecha quedó fijada para el 27 de enero del próximo año.
Fuera del penal, una treintena de comuneros mapuches se reunió en el frontis del recinto para manifestar su respaldo al lonco de Temulemu. Entre lienzos y cánticos, realizaron una rogativa tradicional, pidiendo fortaleza para su líder y justicia en el proceso.
El caso ha sido seguido de cerca por comunidades de la provincia de Malleco, que consideran la detención del lonco como parte de una persecución histórica hacia dirigentes territoriales. En tanto, las autoridades han reiterado que la investigación busca esclarecer responsabilidades concretas en el ataque al fundo de la familia Rathgeb, donde se reportaron daños de alto valor económico.
Por ahora, Juan Pichún Collonao continuará en prisión preventiva, mientras la defensa insiste en que no existen pruebas suficientes que acrediten su participación directa en los hechos.