El fallo instruye al Ejecutivo y a la Municipalidad cumplir el desalojo y habilitar un recinto transitorio para los ocupantes. El ministro Luis Cordero aseguró que “las sentencias se deben cumplir”.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó este miércoles al Gobierno y a la Municipalidad de San Antonio ejecutar el desalojo de la toma ubicada en dicha comuna, estableciendo un plazo máximo de 30 días para su cumplimiento.
La resolución instruye “al Municipalidad de San Antonio, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que, dentro del plazo de treinta días corridos den estricto e íntegro cumplimiento al fallo dictado”.
El documento agrega que el mandato se refiere “especialmente a lo dispuesto en el numeral IV de su parte resolutiva, debiendo acreditar fehacientemente ante esta Corte la implementación del recinto transitorio ordenado que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble”.
Tras conocerse la resolución, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que el Ejecutivo respetará la decisión judicial. “Las sentencias judiciales se deben cumplir”, señaló.
El secretario de Estado destacó que “la Corte ha insistido esta vez, ha dado un plazo de 30 días y ha puesto especial énfasis en uno de los aspectos, que es la disponibilidad de un recinto temporal donde trasladar a las personas”.
“Vamos a dar cumplimiento a la sentencia y también a las obligaciones que ha impuesto la Corte, la que ha especificado en concreto la solución de los albergues transitorios”, añadió el ministro.
El fallo implica que el Gobierno, junto a las carteras involucradas, deberá coordinar la instalación de un recinto transitorio que cumpla con las condiciones exigidas por la Corte para albergar temporalmente a las familias afectadas por el desalojo.
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